Politica de doble rasero
La redes terroristas que tienen refugio en los Estados Unidos
 Rosa Miriam Elizalde, José Pertierra

 

Muchos periodistas, defensores de derechos humanos e incluso países han comenzado a denunciar y dar a conocer a la opinión publica la política de doble rasero que practica la administración Bush. Por un lado este gobierno pretende luchar contra el terrorismo, por otro no solo alberga y protege a notorios terroristas que sirven sus fines geopolíticos, sino que hasta financia dichas operaciones terroristas contra otros países.

El 22 de octubre de 1976 tres reporteros norteamericanos fueron expulsados de Venezuela, después de pasar 10 horas y media incomunicados en una cárcel de alta seguridad. No estuvieron en el país más de 24 horas.

No portaban documentación falsa, ni las autoridades dieron una explicación convincente por la premura con que ejecutaron la deportación. El único incidente digno de mencionar era que Hilda Inclán, del Miami News; Taylor Branch, de la Revista Esquire, y el analista independiente John Rothchild habían reconocido, poco después de llegar a Caracas, a un ex agente de la CIA y ex informante del FBI como segundo al mando de la inteligencia venezolana.

Los tres periodistas acompañaban a funcionarios de Miami que venían a entrevistarse con oficiales de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para obtener información acerca de Orlando Bosch, uno de los implicados en la voladura del avión de Cubana frente a las costas de Barbados.

En la edición del 24 de octubre, el diario El Nacional publicaba una foto de Ricardo Morales Navarrete (el Mono Morales), el hombre que los periodistas norteamericanos habían identificado como «agente de la CIA en el Congo y en varias invasiones proyectadas contra Cuba».

Esta no fue más que una peripecia entre tantas pistas sustanciosas desplazadas informativamente en los días posteriores al sabotaje que mató a 73 personas indefensas en la barriga de un avión de pasajeros, que tuvo una explosión a bordo y se incendió antes de precipitarse al mar.

 

Funerales de los deportistas cubanos, sabotaje que mató a 73 personas indefensas en la barriga de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación.

Si se revisan los diarios es posible encontrar muchas otras historias parecidas y armar en la distancia, como piezas de un rompecabezas, la trama que apunta a Venezuela como el eje en los años 70 de una transnacional del crimen donde los cuatro implicados en el atentado -Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila- eran solo soldados de infantería de los servicios secretos de Estados Unidos.

Basta hojear las páginas de un diario, El Nacional, desde el 6 de octubre de 1976 –fecha de la voladura- hasta el 31 de ese mes. Se encontrarán perlas como estas:

«Funcionarios de los servicios de inteligencia de la administración Ford dijeron que la pista más prometedora desarrollada en Washigton por el asesinato de Orlando Letelier involucra a extremistas cubanos, particularmente a una organización conocida como CORU que dirige el fugitivo de la justicia Orlando Bosch». (21 de octubre, página A-6).

«Fuentes gubernamentales venezolanas informaron a funcionarios de los Estados Unidos que el gobierno chileno ha contribuido a financiar las actividades de exiliados cubanos de derecha contre el Primer Ministro Fidel Castro. Un periodista venezolano tiene cartas que Bosch escribió en enero pasado en las que da como dirección una casa de apartamentos que se reconoce como residencia de los huéspedes del gobierno chileno en Caracas». (21 de octubre, página D-23).

«Tale Newman, agregado de prensa de la embajada norteamericana, ha declarado que Joe Leo, agregado legal de esa representación diplomática en Venezuela, conoció durante varios años al fotógrafo Hernán Ricardo. Leo ayudó a Ricardo en varias oportunidades a conseguir visa a Estados Unidos, porque alguien lo había mandado diciendo que Leo lo podría ayudar». (22 de octubre, última página.)

«A propósito de la causa contra Luis Posada Carriles, de origen cubano y ex jefe de operaciones especiales de la DISIP, un funcionario venezolano afirmó al Washington Post que desde la década del 60 “empleábamos” a muchos cubanos exiliados en la policía de seguridad porque nos decíamos quién mejor para combatir a los comunistas cubanos que un cubano anticomunista». (29 de octubre, primera página.)

El actual vicepresidente venezolano, entonces activo periodista y ex candidato a la presidencia, en un artículo premonitorio publicado en la edición de El Mundo, el 7 de octubre de 1976, llamaba la atención sobre el nexo terrorista entre la CIA y algunos servicios de inteligencia latinoamericanos –lo que después se conocería como Operación Cóndor-, que estaban utilizando el territorio nacional para planificar y ejecutar crímenes.

Aún no se había hecho pública la noticia de la voladura del avión, cuando José Vicente Rangel Vale escribió: «La transnacional del crimen opera con eficacia e incluso infiltrando organismos policiales nacionales. La presencia de la DINA en nuestro país obliga al gobierno a detectar sus movimientos. Nada de raro tendría que en cualquier momento se plantease en Venezuela una situación crítica y los métodos aplicados en otros países se hicieran presentes entre nosotros».

Traslado de las operaciones a El Salvador

Quemados en el fragor del escándalo público que a duras penas pudieron contener las presiones de Washington y en una coyuntura política diferente, los terroristas desplazaron su base de operaciones de Venezuela a El Salvador, en estricto secreto y con la ayuda cómplice de las autoridades de ese país.

Después de «fugarse» de una cárcel de alta seguridad venezolana ubicada en San Juan de los Morros, Estado de Guárico, Luis Posada Carriles volvió a ponerse a la orden de la CIA, sin darse la tregua de un mínimo descanso. Documentos desclasificados del FBI y publicados recientemente en los Archivos de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington, lo ubican en septiembre de 1986 en El Salvador, bajo las órdenes del teniente coronel Oliver North, en una operación clandestina al más alto nivel que reconfirmó sus estrechos y continuos lazos con la Central de Inteligencia norteamericana y que terminó en otro gran escándalo, conocido como eI Irangate o Irán-Contra.

«Casualmente», Luis Posada Carriles era entonces el asesor de seguridad del presidente salvadoreño José Napoleón Duarte. Según documentó ampliamente el diario local La Prensa Gráfica, el 4, 14 y 16 de marzo de 2002, Posada recibió de las autoridades salvadoreñas dos pasaportes falsos con nombres diferentes y una cédula de identidad. Un informe del FBI presentado ante el Congreso de EE.UU. durante la investigación del escándalo Irán-Contra, que aparece publicado en la página web de los Archivos de Seguridad Nacional, asegura que Ramón Medina (Posada Carriles) y Max Gómez (Félix Rodríguez), otro agente de la CIA vinculado al asesinato de Ernesto Che Guevara, suministraban las tropas de la contra nicaragüense con materiales que guardaban en un almacén en la base aérea de Ilopango, en San Salvador.

A pesar de la mala publicidad que le hizo a Posada Carriles el caso Irangate y a su negro historial de larga data, reapareció en 1989 como ayudante de seguridad del Presidente guatemalteco, Vinicio Cerezo.

Tanto en El Salvador como en Guatemala, países en los cuales entraba y salía como Pedro por su casa, el terrorista tramó varios atentados contra la vida del presidente cubano Fidel Castro y los sabotajes a hoteles y restaurantes habaneros, que causaron la muerte el 4 de septiembre de 1997 a un joven turista italiano, Fabio di Celmo.

Aún está preso en Cuba un ciudadano salvadoreño, Raúl Ernesto Cruz León, el hombre que colocó algunas de estas bombas y que confirmó a los tribunales y a la prensa internacional que Luis Posada Carriles fue quien lo orientó, entrenó y pagó para colocar los explosivos en los hoteles de La Habana. En una entrevista para el The New York Times, el 12 y 13 julio de 1998, Posada Carriles no solo reconoció su participación en los hechos, sino que confesó que «nunca la CIA y el FBI me han molestado; ellos me han dejado actuar sin inmiscuirse en mis asuntos».

La respuesta del ejecutivo salvadoreño ante las denuncias del gobierno cubano y las evidencias públicas fue continuar protegiendo al terrorista. El diario Colatino, el 12 de marzo de 2002, aseguró que «entre los funcionarios señalados por apoyar a Posada Carriles se encuentra el diputado de ARENA y ex director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila».

Al ser apresado en Panamá con pruebas irrefutables de que ejecutaría el asesinato de Fidel Castro con una bomba de alta potencia en un acto ante miles de estudiantes, el gobierno de Francisco Flores hizo todo tipo de diligencias para lograr la extradición del terrorista a El Salvador y «devolverlo a su casa centroamericana para que continúe ejerciendo el terrorismo de Estado», como advirtió en esa edición de Colatino el diputado Manuel Melgar.

La batalla legal: ¿Venezuela o El Salvador?

Otra vez es noticia Posada Carriles en Venezuela y El Salvador, y nuevamente la transnacional del crimen queda como en sordina ante la opinión pública. Los medios afirman que ambos países pudieran ser los protagonistas de una batalla legal por la extradición del terrorista, obviando la médula de esta historia: enviarlo a uno u otro país pone en juego algo más que un asunto jurídico. Lo que se está dirimiendo ahora, independientemente de la culpabilidad de este hombre, es la presentación o no ante la justicia de un caso vinculado con la transnacional del crimen, que ha extendido sus tentáculos durante más 40 años sobre América Latina, con el prófugo de la justicia venezolana como una de sus fichas esenciales.

La solicitud de El Salvador esconde una evidente maniobra para tratar de encubrir a un genocida que durante muchos años estableció en San Salvador su cuartel general. Allí maquinó sórdidos complots que contaron al menos con la bendición de los halcones norteamericanos, y allí está asegurada la complicidad de algunos de los más altos funcionarios del país. En ese contexto se está presentado como legítima la opción de que El Salvador pida la extradición del terrorista.

Resulta extraño que no se comente lo siguiente: tal solicitud apareció poco después de que el Departamento de Seguridad de la Patria de los EE.UU. anunciara la decisión de no extraditar a Posada Carriles a Cuba ni a algún otro país que «actúe en nombre de Cuba», en clara alusión a Venezuela. No importa que el gobierno venezolano pida la extradición de alguien cuyos delitos incluyen el homicidio agravado contra 73 personas, frente al precario argumento de El Salvador, donde él solo tendría que responder por «falsedad ideológica y uso de documentos falsos» que le entregaron los propios funcionarios de esa nación.

Según las agencias cablegráficas y la prensa salvadoreña, oficiales de ese país «estudian» la posibilidad de solicitar a Estados Unidos la extradición de Luis Posada Carriles. Los medios citan a un portavoz de la Corte, quién confirma que «Posada es acusado en El Salvador de falsedad ideológica y uso de documentos falsos» [1]. El Presidente salvadoreño, Elias Antonio Saca, ha declarado que apoyaría cualquier petición de extradición que haga el juzgado de su país.

La maraña legal que se nos presenta en los medios es, en realidad, algo muy sencillo. ¿Pudieran los EE.UU. legalmente extraditar a Posada Carriles a su antigua guarida salvadoreña para esconderlo de la justicia venezolana? Si se procede de acuerdo con la ley, la extradición del terrorista a El Salvador no podría realizarse. Sería una violación del Tratado de Extradición que firmaron las dos partes en 1911, donde se establecen los delitos por los cuales una persona puede ser extraditada. Quien revise este documento [2]. ] descubrirá que los crímenes imputados a Posada Carriles en El Salvador no tienen partes correspondientes en el Tratado con los EE.UU.

La acusación de «falsedad ideológica» no aparece en el Tratado, sino solamente en el Código Penal salvadoreño -artículo 284-, que declara a un acusado culpable de tal crimen si ha insertado una «declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiera probar». Posada también es encausado por el «uso de documentos falsos». La ley de ese país sanciona «con tres a cinco años de prisión el que usa, con conocimiento de la falsedad, un documento falsificado o alterado» -artículo 287.

En el Tratado de Extradición entre ambos países aparecen 23 delitos específicos, incluidos el homicidio, robo, hurto, violación sexual y otros. El que quizás se aproxima más al crimen por el cual Posada Carriles ha sido procesado en El Salvador es el de «falsificación o expedición de documentos falsificados». Se parece a «falsedad ideológica y uso de documentos falsos», pero no es lo mismo, y en torno a estas definiciones, la legislación siempre es muy clara: la acusación tiene que expresarse, como en un espejo, tanto en el Código del país como en el Tratado de Extradición.

A Posada Carriles no lo acusan en El Salvador de haber falsificado un documento, sino de haber usado dos pasaportes salvadoreños que le habría proporcionado el propio gobierno con los nombres de Ramón Medina y Franco Rodríguez Mena. Pero fabricar no es lo mismo que usar, ni de acuerdo con la ley ni con el uso común. En cambio, Venezuela pide la extradición del terrorista por haber cometido el delito de homicidio calificado, de acuerdo con el artículo 408 del Código Penal, al asesinar a sangre fría a 73 personas. El primer crimen enumerado en el listado del Tratado de Extradición firmado en 1922 entre Venezuela y los EE.UU. [3], es el delito de homicidio.

Si la decisión sobre la extradición de Luis Posada Carriles se rige estrictamente por la ley, el terrorista será juzgado en Venezuela por asesino, y no protegido en El Salvador por ser un participante clave en la ola de terror que desataron los EE.UU. en Centro América durante las últimas décadas.

¿Por qué se lanza El Salvador al juego legal, después de haber encubierto al terrorista y ofrecerle documentos, libertad de viajar, un trabajo y un lugar desde el cual operar con el apoyo de altos funcionarios? ¿Por qué se intenta engañar a la opinión pública con argucias técnicas? ¿A qué se debe que los Estados Unidos hagan guiños cariñosos a las autoridades salvadoreñas, instándolas a que presenten la solicitud de extradición antes que Venezuela?

No es difícil responder: ha vuelto a aparecer en el fuero público las señales de que la transnacional del crimen quiere seguir operando impunemente. Solo que ahora Venezuela sí está comprometida con el ejercicio de la justicia.

Rosa Miriam Elizalde es una connotada periodista cubana. José Pertierra es abogado.  Representa al gobierno de Venezuela en Washington, D.C.
 


[1] Citamos el despacho cablegráfico de AFP: "Una jueza salvadoreña analiza pedir extradición de Posada Carriles", publicado el 31 de mayo de 2005.

[2] Se puede consultar el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y El Salvador en:<html>[<a href="#nh3" name="nb3" class="spip_note">3</a>" class="spip_out">http://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-slv-usa.html Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Venezuela: http://www.vtv.gov.ve/_Documentos/tratadoextradicion_vzlaeeuu.pdf Cédula de identidad falsa con el nombre de Franco Rodríguez Mena que se le ocupó a Posada Carriles en Panamá, en el 2002, cuando fue apresado por organizar un atentado contra el Presidente Fidel Castro.