Siete meses de gobierno progresista...                                                              Más continuidades que cambios                                                        Raúl Zibechi

 

 

A siete meses de instalado, la mayoría de los uruguayos percibe que el gobierno de Tabaré Vázquez ha producido pocos cambios, sin duda menos de los esperados. Pese a que la popularidad del equipo de gobierno es muy elevada (entre 50 y 60 por ciento según los sondeos) y a que el Encuentro Progresista-Frente Amplio triunfó con mayoría absoluta, lo que le permite gobernar sin pactos con los partidos conservadores, la sensación térmica es que las fuertes diferencias internas se van resolviendo a favor de los sectores más pragmáticos, alineados con el continuismo económico.

Las dos áreas en torno a las que se vienen registrando las mayores disputas son los derechos humanos y la política económica. Vázquez apostó fuerte para remover la pesada impunidad que se impuso en Uruguay, desde que en 1989 un referendo ratificó la Ley de Caducidad que garantiza que los militares que torturaron, asesinaron y desaparecieron prisioneros durante la dictadura (1973-85) no serán enjuiciados. El mismo día que asumió el gobierno, el 1º de marzo, adelantó que se realizarían excavaciones en cuarteles donde habrían sido enterrados algunos desaparecidos. Dio un paso en falso en agosto, cuando aseguró que había "99 por ciento de posibilidades" de que en el batallón 14 estuvieran los restos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, con base en informes que los militares hicieron llegar a los tres comandantes.

Dos meses después no se encontraron restos óseos, ni siquiera indicios de tumbas clandestinas. Todo indica que los militares de la dictadura dieron informes falsos que los comandantes validaron, colocando al presidente Vázquez en una delicada situación, que lo puede forzar a relevar a la cúpula militar. El movimiento social, que parece haber comenzado a marcar distancias con el gobierno, realizó una importante manifestación el 30 de septiembre reclamando no sólo "verdad", como viene haciendo hace dos décadas, sino ahora también "justicia", consigna que desde la aprobación de la ley de impunidad había sido dejada de lado. Un manifiesto firmado por los principales movimientos, desde los familiares de desaparecidos hasta la central sindical, reconoce los avances que se están produciendo, pero a la vez reclama al gobierno la "democratización de la información" sobre las violaciones a los derechos humanos e investigar todas las desapariciones y cuestiona la Ley de Caducidad.

De esta manera, los movimientos están mostrando que un amplio sector de la población no está dispuesto a dar marcha atrás respecto a sus demandas y menos aún a dejarse cooptar. En las próximas semanas la cuerda de las relaciones con los militares habrá de tensarse, pero los movimientos mostraron su disposición a apoyar un eventual endurecimiento del gobierno.

El frente económico tiene en los ministros de Ganadería, el tupamaro José Mujica, y de Economía, Danilo Astori, sus principales portavoces. La elaboración del presupuesto quinquenal fue el momento de mayor tensión aunque, ironías de la política uruguaya, la posible renuncia de Astori cuando Vázquez le exigió aumentar los montos asignados a la educación hasta 4.5 por ciento del PBI se frenó gracias a la intervención de Mujica. Ciertamente, todos los sectores de la izquierda reconocen que el actual ministro de Economía es imprescindible, por poco que les agraden sus orientaciones.

El presupuesto cumple al pie de la letra las recomendaciones macroeconómicas del FMI. No obstante, hay cambios evidentes en la educación (cuyo presupuesto aumentará en 50 por ciento), en las relaciones con los sindicatos y los salarios (que experimentaron el primer aumento significativo en años), y los subsidios a los más pobres que se resumen en un Plan de Emergencia que abarcará a la población en situación de indigencia, 5 por ciento del total, que recibirá unos 50 dólares por familia. Uno de los mayores éxitos del gobierno progresista es haber instalado consejos tripartitos (Estado-empresarios-sindicatos) para abordar la cuestión salarial y crear ámbitos para la negociación que disminuyan la conflictividad laboral. Más allá de los resultados, ya que los aumentos salariales llegan apenas a un pequeño sector de la población laboral, se trata de una medida que revierte la desregulación promovida por el modelo neoliberal desde 1990.

La contracara de estas medidas positivas es el apoyo a la construcción de dos grandes plantas de celulosa, y la posibilidad de que se instale una tercera, que consolidan el modelo forestal con fábricas altamente contaminantes. En paralelo, el gobierno apoya las maniobras navales UNITAS, promovidas por Estados Unidos, modificando así una prédica de décadas en su contra. En tercer lugar, se está negociando un tratado bilateral de inversiones con Washington y Tabaré Vázquez se muestra ahora a favor de firmar un tratado de libre comercio. En los tres casos la polémica interna no está impidiendo que se consoliden las posiciones más conservadoras.

Uno de los resultados más sorprendentes de los siete meses de gestión progresista es que Uruguay tiende a alejarse del Mercosur y se acerca a Estados Unidos. Esta realpolitik parece impulsada tanto por las dificultades que encuentra el comercio con Brasil y Argentina como por la parálisis que atraviesa el Mercosur y una política más pragmática de la Casa Blanca. Lo cierto es que, luego de su reciente viaje a Washington, un Vázquez eufórico dijo que "Estados Unidos es el que nos compra más y mejor", y que con ese país "vamos a intentar tener más y mejor relacionamiento comercial".

No llama la atención, entonces, que el tupamaro Mujica haya señalado, en las mismas fechas, su decepción. "En el rumbo del gobierno, perdí", dijo, y adelantó su deseo de abandonar el ministerio, ya que "ganó una concepción ideológica. Me está ganando Harvard, que es tan dogmática como Moscú". En los próximos meses llegarán más decisiones de corte neoliberal que afectarán a las empresas estatales. En esa ocasión las disputas dejarán de librarse en el gabinete ministerial y ganarán la calle.