Notas y apuntes preliminares para una discusión sobre la crisis fiscal de Puerto Rico y las alternativas de los trabajadores.

 

Alejandro Torres Rivera

 

 

A manera de introducción

 

         Quisiera iniciar mis cometarios agradeciéndoles la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes en ocasión del Taller sobre crisis fiscal y las alternativas de los trabajadores(as).  Se me ha pedido que elabore unas ideas que nos permitan el inicio de una reflexión colectiva en torno al proceso vivido por nuestro país en semanas recientes.

 

         A juicio de algunos, la crisis institucional recientemente experimentada constituye un reflejo del problema planteado de insuficiencia en los ingresos del Gobierno de cara a sus gastos ordinarios. Indican que esta se agrava por las dificultades en la búsqueda de soluciones prospectivas. Para la búsqueda de soluciones se nos convida, en diferentes aproximaciones, hacia una denominada reforma fiscal y contributiva, todo ello dentro del marco de la división político partidista prevaleciente en Puerto Rico entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa. A juicio de otros, sin embargo, la crisis experimentada por nuestro pueblo en las pasadas semanas no es sino una manifestación más, aunque significativa, de la crisis acumulativa estructural del modelo de desarrollo económico existente en Puerto Rico. Para entender la misma, sin embargo, es necesario, aunque sea someramente, referirnos a lo que han sido los modelos de desarrollo económico sobre los cuales se ha pretendido sostener la economía de Puerto Rico a lo largo del pasado siglo. Veamos algunos elementos pertinentes a la discusión.

 

El desarrollo económico en Puerto Rico durante el Siglo XX

 

          Las características principales que asumió el modelo económico en Puerto Rico durante los primeros cincuenta años de dominación estadounidense privilegió en la industria agrícola, fundamentalmente en la producción de la caña de azúcar. Se indica que una de las claves para dicho desarrollo fue, por un lado, la invasión del capital estadounidense en el país, y de otro lado, el acceso que la nueva relación política con Estados Unidos establecía en relación con su mercado.

 

         El cultivo de la caña de azúcar adquirió un carácter extensivo sobre la tierra, pasando a sustituir otros cultivos anteriormente existentes previo al cambio de soberanía, incluso en el interior montañoso del país. [1]

 

         Hacia 1948 comienza a operarse un cambio en el modelo de desarrollo económico el cual se prolonga aproximadamente hasta 1967. En el mismo, el desarrollo económico comienza a transitar de la producción agrícola hacia un modelo de desarrollo basado en la manufactura o industria liviana textil. Dicha transformación, impulsada por el Partido Popular Democrático y llevada a cabo al amparo de la llamada “Operación Manos a la Obra”, fue orientado y sostenido sobre las siguientes bases: exoneración contributiva para aquellas industrias que se establecieran en el país; subsidios en la infraestructura; bajos salarios; y el acceso directo de los productos elaborados en Puerto Rico al mercado de Estados Unidos.

 

         A partir de 1968 se observó un giro en esta política de desarrollo económico orientándose hacia el desarrollo de una industria pesada, fundamentalmente petroquímica. En este esquema de desarrollo, se tomaron en consideración las posibilidades que ofrecía a Puerto Rico y la adquisición de petróleo de parte de países en vías de desarrollo a un costo menor que el del petróleo producido en Estados Unidos; su procesamiento en Puerto Rico con un costo menor en la fuerza de trabajo; el consumo nacional del mismo dadas las necesidades energéticas del país; y finalmente, el beneficio que podría representar el envío de los productos derivados del petróleo hacia el mercado estadounidense. En este esquema, la exoneración contributiva, al igual que antes, continuó jugando un rol destacado. [2]

 

         Las consecuencias de la crisis desatada en la década del setenta  y  el embargo petrolero decretado en 1974 por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), junto con el aumento gradual en los precios del petróleo, entre otros factores igualmente importantes, dejó de hacer competitivo para el país el sostenimiento de este tipo de industrias como pilar estratégico de desarrollo económico.

 

         En 1976, luego de la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de cambios en el Código de Rentas Internas Federal, en particular  la Sección 936, el Gobierno de Puerto Rico enfocó su política sobre desarrollo económico hacia dicha Sección. Mediante la Sección 936 se le otorgaba exoneración contributiva a todo ingreso que fuera generado por las empresas acogidas a dicha disposición fiscal en Puerto Rico; una exoneración adicional a los dividendos remitidos por dichas empresas a la casa matriz; y aquellos ingresos derivados de sus inversiones financieras dentro del territorio. [3]

 

          La nueva estrategia se valió, además, de otros tres componentes: un aumento en las transferencias del Gobierno Federal a Puerto Rico [4]; el  aumento en el empleo en el sector público [5]; y finalmente, el aumento en la deuda pública. [6]

 

         Un estudio preparado por el Consejo Asesor Económico del Gobernador, publicado en enero de 1989 [7], estableció lo siguiente:

 

         “Frente a la crisis del setenta, Puerto Rico emuló los patrones desarrollados en los centros urbanos industriales de los Estados Unidos en sus enfoques para lidiar con el ciclo económico y con el declive producido por los cambios estructurales de la economía. Este enfoque se instrumentó a través de un flujo extraordinario de fondos federales a modo de transferencias. De esta forma, la estrategia resultante se dirigió a sostener el estándar de vida de la población a través del crecimiento subsidiado del consumo personal. Este último a su vez fue provisto, como en la época que le precedió, con bienes importados y financiado crecientemente con ahorros externos.

 

         La población que quedaba al margen del proceso, como trabajadores, recurrieron a sus fuerzas empresariales, algunas de nivel elemental pero no dejaron de ser creativas, para atender la demanda por servicios y bienes que generaba el crecimiento del ingreso disponible. Este fenómeno contribuyó al crecimiento del sector terciario informal, a la consolidación del dualismo económico y social y a la inestabilidad de la economía.

 

         Por otro lado, la naturaleza permanente del estancamiento y la presión ejercida para sostener los niveles de consumo alcanzó a través del período de crecimiento acelerado que se logró antes de 1970, convirtió al gobierno en el máximo generador de empleos. El fenómeno contribuyó al descenso del nivel salarial medio del trabajador del sector público y de su productividad.

 

          Con la inyección masiva de fondos federales transferidos a las personas y al gobierno, sectores primarios ineficientes de la economía fueron subsidiados en proporción a la influencia política que lograron ejercer. En este proceso, absorbieron cuantiosas magnitudes de recursos, generando un declive notable en la inversión real y en la productividad general de la economía. El crecimiento del empleo en el gobierno y la prioridad por satisfacer necesidades se ha reflejado en su inefectividad y su ineficiencia en cuanto a capacidad productiva y competitiva.

 

         [...] La estrategia implícita del gobierno dejó de estar orientada al crecimiento económico para tornarse fundamentalmente re distributiva en su enfoque y dirigirse a mantener los niveles básicos de consumo y el estándar de vida de la población. La conversión de la política de redistribución y la seguridad social en paradigma social de la política económica resultó en un altísimo grado de dependencia de la población en el estado. Esta dependencia provocó un bajo caudal de ahorros, escalas salariales bajas, rígidas y divorciadas de la productividad del trabajo, una baja movilidad social.”

 

         La eliminación en la década de 1990 de la Sección 936[8] del Código de Rentas Internas Federal y con ella la eliminación en un plazo inmediato de los beneficios que la misma representaba para el modelo de desarrollo económico en el cual había descansado Puerto Rico a partir de 1976; el mantenimiento y en ocasiones el aumento en la nómina del sector público; la tendencia a restringir en las transferencias federales aquellas otorgadas a través de programas de beneficencia o ayuda directa a la población, sin que se genere en muchos casos un mecanismo que sustituya la dependencia individual por empleos productivos; todo ello ha ido dejando al Gobierno de Puerto Rico desprovisto de una estrategia de desarrollo económico nacional coherente.

 

         Las opciones a las cuales se ha pretendido recurrir de manera inmediata han sido aquellas que de una manera u otra han compartido los diferentes pueblos y naciones del Hemisferio, la cuales han resultado, de un lado en grandes fracasos para quienes las impulsaron y en un proceso de pauperización progresiva para los pueblos que las sufrieron.

 

         Hace unos años, en referencia concreta al caso de Puerto Rico, mencionábamos lo siguiente [9]:

 

         “La eliminación gradual de la Sección 936 desde el punto de vista de los incentivos industriales a los cuales podía acogerse Puerto Rico y su sustitución por otras medidas económicas, por cierto, más desventajosas para muchas de las industrias establecidas en Puerto Rico; la eliminación en unos casos y reducción en otros de los programas de beneficencia; los intentos de reducir la fuerza de trabajo en el Gobierno y ‘reinventar’ su aspecto operacional; la venta de importantes activos en poder del Estado a la empresa privada como mecanismo alterno para allegar recursos fiscales al país para las llamadas obras de mejoramiento en la infraestructura; la reducción de las transferencias federales, tanto a los individuos como a diferentes programas administrados por el Estado; el deseo de una nueva élite de burócratas gubernamentales, todos ellos ansiosos por eliminar cualquier injerencia del Estado en el desarrollo de las fuerzas productivas, apologistas todos de la desreglamentación y firmes defensores de la tesis que sostiene la necesidad de vender a la empresa privada los monopolios que hoy bajo el nombre de corporaciones públicas que se encuentran en poder del Gobierno como son las comunicaciones, la producción de energía eléctrica, el transporte, y los servicios de agua y alcantarillado, como también otras áreas vinculadas a los servicios públicos que ofrece el Estado tales como la educación y los servicios de salud; etc. , son tan solo algunas manifestaciones de las tendencias neoliberales que hoy vienen implantándose en Puerto Rico.”

 

         La experiencia de los pasados años nos demostró, y así lo afirmamos como movimiento obrero, que el neoliberalismo no podía ser la base sobre la cual se montara el futuro desarrollo económico de Puerto Rico. Puerto Rico no puede seguir dependiendo de modelos únicos para su desarrollo económico. En parte, la cosecha de los pasados meses ha sido la siembra de muchas décadas. La pregunta obligada es, en lo que el hacha va y viene ¿cuál debe ser el rumbo a seguir?

 

Antecedentes al debate sobre la crisis

 

         Durante uno de los debates que precedieron las elecciones de 2004, surgió la discusión en torno a cómo atender la situación de la falta de recursos suficientes por parte del Estado a la luz de lo que constituyen las obligaciones fiscales vigentes y las propuestas que formulaban los diferentes partidos políticos en sus programas para atender tales necesidades y las propuestas de sus programas de gobierno. Recordaremos que entonces, el entonces candidato a Comisionado Residente por el Partido Independentista Puertorriqueño, Edwin Irizarry Mora, alertó en torno al intento de los partidos políticos principales de imponer al país un impuesto sobre el consumo. En aquel momento, el PNP favorecía resueltamente la imposición de un impuesto sobre el consumo. Este tipo de impuesto también le conocemos como “sales tax”, aunque en ocasiones nos referimos a éste como impuesto sobre las ventas.

 

         El PPD por su parte, expresó su oposición a que se impusieran nuevas cargas contributivas al pueblo, destacando que habían otras opciones como la reducción de gastos innecesarios en el Gobierno, la persecución de la evasión contributiva y la corrupción, y el uso racional de los recursos disponibles por parte del Estado. El PIP, no obstante, planteó la alternativa de establecer nuevos impuestos a las ganancias de las empresas extranjeras en Puerto Rico las cuales anualmente logran repatriar decenas de miles de millones de dólares, así como también, a los sectores financieros.[10]

         Como resultado de lo anterior, se generó un amplio debate, del cual participaron múltiples sectores en el país, incluyendo voces desde el movimiento obrero, en torno a las opciones. Básicamente la discusión giró en torno a cuatro enfoques principales: a) hacer modificaciones al sistema entonces vigente basado esencialmente en la imposición de contribuciones sobre los ingresos generados por individuos y corporaciones; b) la incorporación uniforme en nuestra estructura tributaria de un impuesto por consumo, también conocido como “sales tax”; c) la incorporación uniforme en nuestra estructura tributaria del impuesto sobre el valor añadido, también conocido como IVA; y finalmente, d)  la incorporación selectiva dentro de nuestro sistema tributario de distintos elementos presentes en las tres modalidades.

 

         Para los defensores de la primera propuesta, la premisa de la cual se debía partir era que es bueno para el país la existencia de unas tasas fijas de tributación en proporción al ingreso devengado, ya sea por parte de los individuos como de las corporaciones. Se indicaba, sin embargo, que el “Talón de Aquiles” de este sistema de tributación, es la iniquidad que producen las tasas establecidas para individuos en comparación con aquellas establecidas para las corporaciones. Se indicaba, además, que la tributación a base de tasas fijas no atendía ni corregía de manera rigurosa el problema de la evasión de ingresos; que el sistema protegía más a aquellos cuyos ingresos no dependían de un sueldo o salario, ya que les permitía desviar ciertos ingresos como si fueran “gastos” de su “negocio”. Dentro de esta modalidad se incluyen las partidas destinadas al pago de vehículos de lujo, comidas, segundas residencias o residencias de verano, botes, viajes al exterior, reparaciones, compra de equipos, etc. 

 

         También se alegaba que este tipo de estructura tributaria dejaba de incluir a aquellos(as) que se encontraban en la llamada “economía informal”. Sobre este sector de la economía se indicaba que sus participantes devengaban ingresos por diferentes tipos de actividades, fueran estas lícitas o ilícitas, mientras a la vez, se beneficiaban de una serie de programas y llamadas “ayudas”, cuyo costo era asumido por el Estado por medio de los impuestos que pagaban esencialmente aquellos que tributaban como asalariados. 

 

         Los defensores de la segunda propuesta mencionaban que mediante la incorporación uniforme  que se establecería en nuestro sistema tributario mediante el “sales tax”, se atendería mejor el problema de la evasión contributiva por parte de aquellos que se encontraban en la denominada economía informal. Indicaban que al presente éstos no aportaban ingresos al fisco, a pesar de que en múltiples casos devengan ingresos; que se benefician de los servicios que ofrece el Estado sin aportar nada o poco, servicios éstos que deberían, en todo caso, estar dirigidos a personas indigentes o incapacitados.      

 

 Los opositores a esta propuesta, por su parte, indicaban que al imponerse un sistema uniforme de impuesto sobre las ventas, se colocaría en desventaja y más aún, se penalizaría, a aquellos ciudadanos de bajos ingresos o aquellas personas indigentes al tratárseles con la misma vara con que se trata aquellos otros individuos o corporaciones económicamente poderosos. Tales sectores, indicaban,  que en ocasiones esta personas tienen otras fuentes o alternativas para el consumo de los bienes a los cuales se les estaría aplicando el impuesto sobre el consumo, sin que de manera proporcional a lo que son sus ingresos se les  requiera tributar sobre los mismos. Se indicaba, además, que tal mecanismo de tributación (“sales tax”), beneficiaba más a las corporaciones, particularmente aquellas multinacionales, que pueden acogerse a esquemas de evasión fiscal mediante los cuales trasladan de una jurisdicción a otra sus ingresos y sus ganancias, ampliándose así los mecanismos de evasión contributiva para estas corporaciones  y empresas.

 

         Los defensores de la tercera propuesta defendían el Impuesto sobre el Valor Añadido como una variante de la segunda. Señalan que en la mayoría de los países, el IVA[11] era el mecanismo contributivo por excelencia. De hecho, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no ha adoptado el IVA.

 

 Para unos, por distintos tipos de razones, el IVA ha demostrado su funcionalidad en el resto del mundo; para otros, en el caso de nuestro micro cosmos político donde toda discusión está vinculada al asunto de estatus político, en ocasiones por meras razones ideológicas, se ve en todo aquello que hagamos que sea distinto a lo que se hace en Estados Unidos, un indicio de la separación entre los dos países. Por eso, para los que así piensan, el IVA no es aconsejable.

 

Los favorecedores del IVA, sin embargo,  afirmaban que a lo largo de todo el proceso productivo, desde su inicio al extraerse la materia prima y transformarse la misma en mercancía hasta que ésta llega a manos del consumidor, cada paso en la cadena de distribución iría acompañado por un impuesto en el valor. De esta manera, en cada paso, quien vende se encarga de recuperar el impuesto en el valor añadido que pagó, mientras que a su vez se encarga de cobrar y pagar el nuevo impuesto que conlleva la venta, convirtiéndose así en la práctica en un agente de rentas internas responsable del cobro del impuesto por el valor añadido. Al final de la cadena alguien estará pagando en cada etapa al Estado el resultado de la compra que hizo por el valor añadido del producto que consume. De esta manera, indicaban, se atacaría la evasión contributiva en todas sus etapas.

 

         Los opositores del IVA, además del elemento ideológico señalado,  indicaban que este mecanismo de tributación no hacía distinción alguna entre el rico y el pobre, de manera que tiene el mismo efecto de favorecer a aquellos económicamente más fuertes, como se indicó antes en el caso del impuesto sobre ventas. También señalaban que imponer tal sistema, sin atender en su origen la estructura contributiva actual a base de tributación por ingresos, llevaría a una doble tributación de la cual el más perjudicado sería el trabajador asalariado, que es quien en el presente sostiene el presupuesto del Estado. Indicaban, además, que en otros países donde se ha implantado el IVA, dicho mecanismo impositivo no había tenido como resultado una mejor distribución de la riqueza, o una reducción sustancial de la pobreza.

 

         Los defensores de la cuarta propuesta señalaban que, dado el caso que ninguna de las anteriores es en realidad una fórmula que nos acerca a un sistema perfecto y que cada uno de los sistemas anteriores contiene elementos positivos y negativos, se debería seleccionar de cada uno lo positivo y descartar lo negativo. Pensaban que una reforma basada en tales premisas bien podría ser la “luz al final del túnel”.

 

         El problema es que si no se entraba previamente a hacer un análisis profundo de nuestra estructura  productiva y de nuestra realidad como país y sus necesidades más apremiantes, la salida hacia la luz no necesariamente era la salida del túnel. Esa luz, en todo caso, podría ser la locomotora del capital o el tren de la desesperanza que se acercaba hacia todos nosotros, particularmente a los trabajadores, una vez más para aplastarnos.

 

         Dentro de esta discusión,  Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigaciones del Centro para la Nueva Economía, en un Memorando de Política Pública titulado Recomendaciones para atender la situación fiscal de Puerto Rico, argumentó que “el peso de estos tiempos difíciles debe ser cargado por todos los sectores y actores de nuestra economía”. Estimando a base de datos del Censo de 2000 que más de una cuarta parte (26.1%) de los pobres en Puerto Rico residen en hogares encabezados por trabajadores, propuso el establecimiento de lo que denomina “Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (CCID)”, conocido en Estados Unidos como “Earned Income Tax Credit”. Bajo el mismo, dependiendo de cada caso, un trabajador que rinda planilla y cuyos ingresos fueran insuficientes para salir de la pobreza, podría recibir una remuneración económica o subsidios que incluyen en algunos casos la promoción de empleos. Bajo el CCDI, de aplicarse en Puerto Rico, estimaban que se beneficiarían 160 mil familias y 289 mil niños. Indican que en reintegros, los acreedores al CCDI, recibirían alrededor de $132 millones, de lo cuales una parte sustancial se podría cubrir con fondos federales.

 

         Otras propuestas que se sometieron en dicho Informe incluyeron: fomentar el ahorro y desarrollo individual de cuentas de ahorro a familias pobres con un mecanismo de pareo de fondos; fomentar las oportunidades de estudios, adiestramientos y rehabilitación vocacional; una reducción presupuestaria en el Gobierno de 10%; la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos acompañada de la reducción proporcional de los contratos de servicios profesionales; la aplicación de algunas medidas impositivas a la banca que no trastoquen sus operaciones; reducir la nómina gubernamental; implantación de una reforma contributiva comprensiva; y el desarrollo de mecanismos innovadores para la salud fiscal como: a) “Pay As You Go (PAYGO)”, donde se estipulara que un aumento en gastos tiene que ir acompañado con la reducción de alguna partida presupuestaria o un aumento en impuestos; o que cualquier reducción de impuestos debe ir acompañada por una reducción en gastos o un aumento en otros impuestos; b) gastos atados al crecimiento del PNB; c) Cláusulas de Terminación, donde las leyes que decretaran aumentos en créditos, incentivos contributivos u otras medidas, deberían incluir cláusulas de terminación que permitan hacer enmiendas o sustituciones en casos necesarios.

 

         Estas medidas fueron recogidas por el Comisionado Residente Luis Fortuño el 5 de mayo de 2006 en un artículo publicado en el periódico El Vocero bajo el títulos de Y Ahora, ¿qué hacemos?

 

El problema es que la profundidad del debate del cual participamos como sindicatos y como trabajadores, no siempre contábamos con el acceso a la información necesaria o a los asesoramientos adecuados. De hecho, uno de los elementos que valdría la pena reflexionar en esta discusión es en qué medida, salvo honrosas excepciones, no contamos con los recursos periciales necesarios, compañeros y compañeras con un claro espíritu y convicción clasista, que pusieran sus conocimientos al servicio de los trabajadores. Es evidente que  si no entrábamos a hacer un análisis profundo de nuestra estructura productiva, de nuestra realidad como país y sus necesidades y nuestras necesidades como clase social más apremiantes, la salida hacia la luz no necesariamente era la salida del túnel.

 

En algún momento, al percatarnos de esta situación, indicamos que en Puerto Rico, desde el punto de vista de los trabajadores, no podía discutirse y mucho menos resolverse definitivamente el problema de la desigualdad en la estructura tributaria entonces vigente, si no se abordaba al menos dos problemas esenciales adicionales: el primero de ellos, que no existe un modelo de desarrollo económico nacional que le brindara al país una base material y estable de la cual partir; el segundo, que en la búsqueda de alternativas sustitutas al sistema de tributación, el pueblo trabajador no podía ser quien cargara sobre sus hombros el peso de las soluciones. Por lo anterior, la alternativa no podía ser la de pretender sustituir un sistema de tributación por otro, si en ese proceso de cambio, no se vinculaba también una cultura de cambio, una visión distinta sobre la responsabilidad social que tenían las corporaciones, las instituciones bancarias, los sectores económicamente poderosos y el Gobierno, que actúa más como guardián de sus intereses que de los intereses del pueblo, en la solución del problema.

 

Por eso creímos acertada la posición, por puro olfato como dijera en algún momento Ricardo Santos, de que la reforma contributiva a proponerse, debería ser una en la cual se distribuyera equitativamente el peso de sostener las finanzas del Estado.

 

 Equitativamente, claro está, no significa que todo el mundo pague un mismo por ciento, o como indicaba el Informe de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal de mayo de 2005, un “Impuesto de Tasa Única Uniforme de 10%”, sino equitativamente en el sentido de que aquellos que más ganan, sean los que más aporten; o como eventualmente lo articuló el sector religioso, que cada cual aporte en proporción a sus ingresos.

 

La Comisión Especial de Reforma Fiscal

Una vez juramentó como Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá ordenó el 18 de enero de 2005, mediante la Orden Ejecutiva OE-2005-05, la creación de una Comisión Especial para la Reforma Fiscal. En la “misión”que le asignó a dicha Comisión estableció que la misma: a) llevara a cabo un análisis del sistema contributivo vigente en Puerto Rico con el propósito de corregir la situación existente con la economía informal. La premisa de la cual partía la Orden Ejecutiva era la que  mediante la economía informal los que participan de ella no aportaban en la distribución de la carga contributiva del país; b) evaluar y recomendar una reforma contributiva y evaluar también los subsidios al Gobierno Central y la Corporaciones Públicas; c) desarrollar recomendaciones en torno a la reducción del gasto gubernamental, mayor justicia contributiva hacer más ágiles y efectivos los servicios del Gobierno. Para ello se ordenó la rendición de un Informe no más tarde de 30 de abril de 2005.

 

En el documento rendido como  Informe Final por parte de la Comisión el 4 de mayo de 2005, se hicieron  recomendaciones en la siguientes áreas: a) Impuestos al Ingreso de los individuos; b) Impuestos a los ingresos de las corporaciones; c) Impuesto General al Consumo; d) Evasión Contributiva; e) Reestructuración de la Rama  Ejecutiva; f) Estrategias para los municipios relacionadas con ingresos municipales e impuestos sobre la propiedad inmueble y patentes; g) Reforma Fiscal.

 

En el Informe se recomendó la implantación de un Impuesto sobre el Consumo, denominado “Impuesto de Tasa Única Uniforme de un 10%”.

 

A raíz del Informe de la Comisión, Aníbal Acevedo Vilá decidió apartarse oficialmente de lo que fue su posición en el curso de la campaña electoral tomando  partido en favor de la imposición del impuesto sobre el consumo (“sales tax”). Al hacerlo, en el contexto de un llamado “Gobierno Compartido” y como era de esperar desde el punto de vista de los intereses que ambos partidos mayoritarios representan, tanto el PNP como el PPD hicieron consenso sustantivo en la propuesta del “sales tax”. Las diferencias entre ambos partidos se limitaron a una discusión marginal, por cierto con claras connotaciones electorales, en torno a la cantidad o por ciento que debería ser el impuesto.

 

A partir de este momento se inició un agrio proceso entre los dos partidos y las dos ramas de gobierno sobre cuál o cuánto debía ser el por ciento del impuesto. El PPD defendió inicialmente la propuesta del Informe de un impuesto total sobre las ventas de un 10% mientras el PNP, que había defendido antes un por ciento mayor, propuso que el impuesto fuera de 4%. En el debate se mencionaron, sin embargo, el 7.9%, 6.5%, y el 5.5%.

 

 En el movimiento obrero, un sector estuvo en disposición de aceptar algún por ciento de impuesto sobre el consumo, mientras el sector que aquí se representa en esta conferencia se mantuvo en el rechazo a toda nueva carga contributiva para el pueblo trabajador. En todo caso, señalaban los portavoces de algunos de los sindicatos de la Coordinadora, si se habrían de imponer nuevas cargas contributivas, la consigna era que la crisis la pagaran los ricos y los grandes intereses no el pueblo trabajador. Este reclamo también fue asumido por la Federación de Maestros de Puerto Rico, quien no forma parte de la Coordinadora Sindical y en cierta medida por la Unión General de Trabajadores y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Ambos sindicatos forman parte de la corriente sindicatos afiliados a uniones denominadas “internacionales” que se separaron recientemente de la AFL-CIO como parte del sector denominado “Change to Win”. Precisamente una de las diferencias entre “Chage to Win” y la AFL-CIO reside en el peso que la primera le adjudica al trabajo de organización de base, frente a la prioridad del trabajo en los segundos, que es el de cabildeo gubernamental y legislativo.

 

El estallido de la crisis

 

Desde el verano del año pasado, el Gobierno comenzó a avizorar la insuficiencia fiscal en las operaciones de ciertas agencias del Gobierno y a así hacerlo formar parte de su discurso cotidiano.  De hecho,  algunos de los datos no eran nuevos ya que el déficit operacional de algunas agencias se contemplaba al momento mismo de la aprobación de sus respectivos presupuestos para el año 2005-06.

 

Contrario a nuestras demandas como trabajadores sobre cómo atender el problema de la insuficiencia fiscal en la búsqueda de recursos externos y en las medidas dirigidas al recorte de gastos innecesarios, el Gobierno se dispuso a entrar en la búsqueda de tales economías colocando el peso de las mismas en los trabajadores. Primero, bajo el argumento de un déficit de $1,000 millones y el argumento falso de que del presupuesto del Gobierno, el 80% se consumía en salarios[12], se recurrió a plantear la reducción de un 15% de la jornada de trabajo e ingresos para los empleados públicos, ya fuera de forma voluntaria o impositiva, todo esto sin tomar en consideración si se hacía o no en violación a los convenios colectivos negociados con las uniones bajo la Ley 45.

 

En su imposición de soluciones, el Gobierno no distinguió los diferentes componentes de la fuerza de trabajo empleada, ni la naturaleza de los servicios que pudieran afectarse con tales medidas, ni estuvo dispuesto a discutir otras alternativas con los representantes de los trabajadores afectados. En alguna medida, además, varios dirigentes sindicales mantuvieron una actitud vacilante en lo concerniente a sus exigencias ante el Gobierno proyectando una disposición a aceptar algunas modalidades de esta opción.

 

Otros sectores sindicales, sin embargo, no fueron lo suficientemente rigurosos en cuanto a confrontar al Gobierno con sus propios datos, o a exigir o a producir otros datos que evaluados en su conjunto permitieran poner en jaque las premisas de las cuales partía el Gobierno para sus propuestas. Por ejemplo, no se requirió al Gobierno, con una sola y poderosa voz, que hiciera público e indicara, primero que todo, la cantidad de salarios pagados al personal que trabajaba en las agencias en posiciones ejecutivas y las sumas pagadas en beneficios marginales; la cantidad de salarios pagados al personal que trabajaba en posiciones gerenciales o en posiciones de supervisión, así como las sumas devengadas en beneficios marginales; la cantidad de personas o firmas privadas subcontratadas en las diferentes agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios e instrumentalidades en capacidad de asesores externos; los servicios individuales contratados o subcontratados por parte de terceros y las sumas pagadas directa o indirectamente por el Gobierno por tales servicios; los subcontratos efectuados, indicando sus fechas, su propósito y las sumas pagadas; los vehículos adquiridos o alquilados y el precio pagado por alquiler o adquisición; las partidas pagadas en gastos de publicidad y relaciones públicas; las tarjetas de crédito y los balances acumulados, etc.

 

 En muchas ocasiones los debates que asumimos, y más aún, las propuestas que impulsamos, estuvieron faltas de datos precisos y claros que le dieran contenido y sostuvieran nuestras consignas y posiciones.

 

La aparente contundencia de los argumentos en el debate esgrimidos por parte del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo y los sindicatos, fue perdiendo paulatinamente fuerza. Esta pérdida de fuerza, sin embargo, no fue tanto por la solidez de nuestros argumentos, sino en la medida en que cada vez que se planteaba por algunos de sus funcionarios o voceros del Gobierno una cifra, al poco tiempo la misma dejaba de ser real u otro funcionario venía y la controvertía. En otras ocasiones tales funcionarios o voceros decían que no estaba disponible el dinero, y luego, el dinero que se necesitaba aparecía, o sencillamente las insuficiencias alegadas se magnificaban.

 

 Parafraseando una expresión de Máximo Gómez dicha en otro contexto, en este debate los datos del Gobierno se aproximaban o se pasaban, pero nunca llegaban.

 

 En el propio juego en el cual el Gobierno Central entró con el Poder Legislativo luego de aceptar la imposición del impuesto sobre el consumo, le llevó a su vez, a entrar en el debate sobre la negociación de la cuantía del por ciento a establecerse para el referido impuesto.

 

  Esta situación fortaleció en alguna medida la posición de la mayoría legislativa en el sentido de que el por ciento reclamado por el Gobierno aparentaba no ser el real. Se proyectó que el Poder Ejecutivo era inconsistente en sus estimados, que el impuesto sobre el consumo  podía y debería ser sustancialmente menor.  Al hacerlo, el liderato de la Cámara de Representantes intentaba presentar al país una imagen menos mala a juicio de aquellos contra los cuales se impondría el peso del nuevo impuesto.

 

En el juego de la discusión sobre el por ciento, los dos partidos principales se mantuvieron unidos en que la alternativa a la llamada crisis fiscal era la imposición de un impuesto sobre el consumo. En ese consenso, también, se mantenían unidos a ellos los sectores bancarios, industriales, Cámara de Comercio, importadores, distribuidores, exportadores, etc. Esta horrorosa alianza llevó a que algunos dirigentes obreros no colocaron sus expectativas en las capacidades de los propios trabajadores para dar la lucha en pro de sus intereses, sino que llegaron a perder la perspectiva sobre cuál era el aspecto central de la discusión, teniendo como resultado que entraran en una clara y abierta transacción con los defensores del impuesto sobre la venta. Al hacerlo, terminaron aceptando la solución patronal/gubernamental.

 

En todo caso, vale la pena reiterar, la contradicción principal en el debate no era la cantidad del por ciento a aplicarse, sino si debería o no imponerse un impuesto al consumo como alternativa para resolver los problemas de insuficiencia fiscal del Gobierno; es decir, sobre quién habría de gravitar el peso de la solución al problema.

 

En el proceso, cerca de 100 mil trabajadores fueron enviados a la calle por el Gobierno, convirtiéndose así en meros rehenes de las luchas políticas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Detrás de las insuficiencias fiscales para cubrir las obligaciones económicas por parte del Gobierno estuvo presente todo el tiempo la lucha político partidista entre el PPD y el PNP. El desgaste asumido por ambos partidos en el proceso, y los efectos  sobre los intereses económicos de quienes les sostienen, precipitó eventualmente un mecanismo y luego un entendido a la crisis inmediata. Los acuerdos alcanzados, claro está, se encuentran  aún sujetos a interpretación desde el punto de vista de sus efectos a corto y mediano plazo.

 

En el proceso, el crédito del país se sumió en un profundo deterioro, particularmente desde el punto de vista de la calificación de sus bonos en el mercado. Sus efectos nocivos sobre el Gobierno y sobre la economía del país, a mediano y largo plazo, son todavía matemáticamente difíciles de predecir. También se desconoce al presente el efecto acumulativo y multiplicador que eventualmente tendrá en la economía del país la cesantía temporal de 100 mil empleados durante una quincena; los efectos político/sindicales que tendrán las violaciones a la Ley 45 y a los convenios colectivos negociados al amparo de la misma, particularmente aquellos que se encuentran en estos momentos en proceso de re negociación; y finalmente, cuál será la percepción en los trabajadores sobre la experiencia vivida en este proceso a la luz de cuál fue la respuesta que desde la perspectiva de sus intereses dieron los sindicatos durante sus cesantías.

 

Los datos sobre la crisis fiscal a la luz de los hallazgos del Gobierno

 

Durante años se ha indicado  que Puerto Rico atraviesa una crisis que ha sido definida como “crisis estructural”. Bajo el modelo de desarrollo económico existente, en los pasados años los gastos del Gobierno han sido mayores que los recaudos. En el futuro inmediato, no se vislumbra que la situación cambie. De hecho, apenas hemos salido de la situación de crisis temporal provocada por el cierre del Gobierno por espacio de una quincena. Recordemos que la llamada crisis vino a ser conjurada mediante la emisión de una nueva deuda para el Gobierno de hasta $741 millones, a ser financiada por el Banco Gubernamental de Fomento mediante el 1% de lo que en su día sea el impuesto sobre el consumo que se apruebe.

 

Tal elemento nos indica que es del todo improbable que la eventualidad de la imposición de un impuesto sobre el consumo sea descartada. De hecho, aún no se ha vuelto a la normalidad relativa en las operaciones del Gobierno y ya se notifica que en los recaudos proyectados para el mes de mayo y junio habrá una insuficiencia adicional de poco más de $100 millones. A nuestro entender, el camino se está despejando para el nuevo debate sobre el monto del impuesto al consumo.

 

Puerto Rico tiene, a la altura de 2005, una deuda pública que alcanza los $40,268.3 millones. El pago de dicha deuda representa un pago anual aproximado de $3,600, o lo que es lo mismo, $300 millones mensuales.  Del presupuesto vigente, el 12% del mismo está destinado al pago de la deuda pública. Otro 12% está destinado al financiamiento de mejoras permanentes.

 

Los ingresos o rentas del país provienen principalmente de tres fuentes: las contribuciones sobre ingresos de los individuos, los impuestos corporativos y los arbitrios. Los ingresos netos del Fondo General, conforme al Departamento de Hacienda, ascendieron en el año 2004 a $7,985.4 millones. De esta suma, $2,801.2 millones fueron pagos de contribuciones sobre ingresos por individuos y $2,496.7 millones fueron de impuestos por las corporaciones. Por lo tanto, al presente en Puerto Rico, los individuos y las corporaciones pagan el equivalente al 66.3% de los ingresos al Fondo General.

 

 Los ingresos del Fondo General provienen de los impuestos a individuos y corporaciones, impuestos sobre herencias y donaciones, gravámenes al consumo, licencias, ganancias de la lotería, multas y derechos, y devoluciones de aranceles de aduanas y arbitrios sobre los embarques a Estados Unidos de bebidas y tabaco cobrados en Puerto Rico por el Gobierno Federal.

 

En el año 2004 los puertorriqueños pagamos al Gobierno Federal la suma de $3,368.3 millones, de los cuales $2,710.7 millones fueron pagos al Seguro Social, es decir, el 80.5% de los pagos efectuados a dicho Gobierno.

 

De acuerdo con datos suministrados por el Informe de la Comisión Especial de Reforma Fiscal de mayo de 2005, en Puerto Rico solo el 1.6% del universo de los contribuyentes reporta ingresos por más de $100 mil. Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se estima la pérdida anual de ingresos por recaudos en $1,600 millones. Se asocia esta pérdida a la actividad económica que genera la denominada “economía informal”.

 

De acuerdo con un estudio titulado Reforma Contributiva en Puerto Rico 1994[13], preparado por Susan Andic y Ramón Cao para la firma “Estudios Técnicos”, en la evasión contributiva se identifican tres grandes sectores: a) las actividades legales que generan un producto o servicio legal pero cuyo medio de producción o el hecho de no declarar su existencia lo convierte en ilegal; b) las actividades en las que se produce un producto que en sí es lícito pero su existencia escapa al registro de las cuentas nacionales; c) las actividades en las que el producto o el servicio es en si mismo ilegal como es el tráfico de drogas, la prostitución. El estimado de Estudios Técnicos sobre el impacto de dicha actividad en los recaudos para el año 2002 fue de $10,550 millones. A juicio de los autores del estudio de 2004 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el impacto de esta economía paralela en nuestro país pudiera representar hasta el 23.3% del producto bruto interno (PBI).

 

Por su parte, en el Estudio de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal de mayo de 2005, se indica que el 90% de quienes pagan contribuciones como individuos son asalariados y profesionales; que en Puerto Rico, el 80% de los individuos en informan un ingreso anual de $30 mil o menos; que aquellos que informan entre $30 mil y $50 mil, que representan el 14% de los contribuyentes, son quienes asumen el 22% de los recaudos; que en Puerto Rico existe un 8.5% de los contribuyentes que reciben el 33% del ingreso; y finalmente, que el 1.7% de los contribuyentes recibe cerca del 14.8% del total de los ingresos.

 

Desde 1987 ha venido aplicando en Puerto Rico un arbitrio de 6.6% en ciertos productos importados. Este arbitrio, sin embargo, se ha visto sujeto a innumerables exenciones, lo que ha llevado a que en dicho renglón haya proliferado la evasión de impuestos. A esto debe añadirse la enorme cantidad de dinero sobre productos no exentos sobre los cuales sencillamente no se imponen arbitrios como resultado de la negligencia en la fiscalización por parte del Estado. Un examen de los datos sobre cómo no existe una proporción entre la cantidad de dinero en importaciones en Puerto Rico y la cantidad de incremento en el pago de impuestos por concepto del arbitrio de 6.6% es la siguiente: En el año contributivo 1995 la cantidad de importaciones ajustadas fue de $21,833.4 millones teniendo como resultado un recaudo de $367.6 millones en impuestos por concepto del arbitrio de 6.6%. En el año 2004 el total de las importaciones ajustadas fue de $44,716.5 millones, mientras que el total de impuestos recaudados por concepto del 6.6% fue de $535.4 millones; es decir, mientras que las importaciones ajustadas ascendieron  en un 104.8% en dicho período, los recaudos por concepto del arbitrio ascendieron tan solo en 45.65%.

 

En el caso de las corporaciones, mientras que en Puerto Rico las recaudaciones de contribución sobre ingresos de los individuos tuvieron un aumento entre el 2000 y el 2004 de 15.7%, en el caso de éstas el aumento en el mismo período fue de 2.77%. Si tomamos en consideración los datos que nos ofrece el Informe de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal de mayo de 2005, nos sorprenderemos al encontrar que para el año 2002, el total de planillas sometidas por individuos fue de 936,095, reportándose un ingreso bruto de $23,231.967 millones, un ingreso neto de $14,613.912 y unas aportaciones en contribución sobre ingresos de $2,295,456. 

 

De éstas planillas, solo 15,780 informaban ingresos superiores a $100 mil anuales.

 

 Cuando analizamos, sin embargo, los ingresos de los profesionales y aquellos individuos que devengan por ingresos comisiones,  de 84,210 planillas rendidas en el año 2001, tan solo 4,700 reportaban ingresos superiores a $100 mil. En el caso de las industrias y negocios, de un total de 40,526 planillas rendidas en el año 2001, tan solo 437 reportaban ingresos por más de $100 mil. Por lo tanto, si unimos los datos antes mencionados– a pesar de que hablamos de dos años contributivos diferentes– la realidad es que en Puerto Rico ganarían más de $100 mil a título individual 20,917 contribuyentes de un total de 1,060,831.

 

Es dentro de este cuadro mínimo que tenemos que analizar los sucesos de las pasadas semanas, es decir, el cuadro fiscal real del país, las medidas tomadas por la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa y las perspectivas futuras a corto, mediano y largo plazo.

 

El Informe de la Comisión Especial de Consenso

 

Ante el diferendo surgido entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa sobre el por ciento a acordarse en la imposición del impuesto sobre el consumo y la justificación o no de la cuantía solicitada al Banco Gubernamental de Fomento en calidad de préstamo por el  Gobernador para atender la insuficiencia fiscal de los meses de mayo y junio en el presupuesto vigente, la Rama Ejecutiva decidió poner en marcha varias medidas.

 

Es importante destacar que no todas las medidas son ideas nuevas, es decir, que  no se hubieran puesto en vigor antes. También es necesario, a la hora de identificar cuál debió ser nuestra posición respecto a éstas, que algunas de éstas podrían ser medidas racionales de austeridad que como trabajadores podríamos apoyar; otras eran medidas que como sindicatos y trabajadores podríamos parcialmente apoyar en función de distinguir a quién o quiénes les deberían aplicar tales medidas; otras, sencillamente fueron medidas draconianas y abusivas, cuyo único fin al ser implantadas fue el de utilizar a los trabajadores afectados como balón de baloncesto en el juego político entre el PNP y el PPD, todo ello en aras de anticipar lo que será la correlación de fuerzas de los partidos políticos de cara a las elecciones dentro de dos años y medio.

 

De acuerdo con el Informe de la Comisión Especial Designada por el Gobernador Presidentes de Senado y Cámara de Representantes de 8 de mayo de 2006, sometido el día 10 de mayo de 2006[14], a la luz de la situación de déficit operacional del Gobierno, entre las medidas tomadas por la Rama Ejecutiva, se encontraron lanzar a la calle a cerca de cien mil empleados públicos; decretar el cierre del sistema educativo del país, lo cual a juicio nuestro se hizo en abierta violación a sus obligaciones constitucionales recogidas en la Carta de Derechos respecto al derecho a la educación de nuestros ciudadanos, al menos en escuela primaria; la retención de desembolsos y la reducción en los servicios.

 

 En esta última, podemos añadir nosotros, se encuentran también las amenazas y la ejecución de las medidas de reducción en las horas de trabajo y la reducción en el sueldo a empleados y funcionarios del Gobierno; la congelación de plazas y la eliminación o no renovación de los contratos de cientos de los llamados empleados transitorios. 

 

En este esfuerzo, no debemos olvidar la campaña en los medios de comunicación, impulsada por el Gobierno y alentada por los grandes intereses, dirigida a indisponer la opinión pública del país contra aquellos sectores del movimiento obrero y político opuestos a las medidas tomadas contra los trabajadores, junto al trabajo de captación de algunos sectores del movimiento obrero y político para sus posiciones.

 

En el impulso de esta campaña el Gobierno impulso un discurso uniforme, dirigido a proyectar al PNP como principal responsable de las decisiones tomadas y a vincular algunos dirigentes sindicales con las posturas que asumía dicho partido. Esta situación incidió en alguna medida la respuesta del movimiento obrero, visto el mismo desde sus particularidades, pero también desde la perspectiva de su conjunto, al contenido de las medidas tomadas por el Gobernador.

 

La posición del Gobernador, como indicamos antes, sembró en algunos dirigentes sindicales y muchos trabajadores, unos por falta de disposición a la lucha, otros por entender que el cabildeo era capaz de sustituir las acciones directas de los trabajadores y otros por mero alineamiento ideológico, la idea que la responsabilidad por la decisión de las medidas tomadas no le correspondía al Poder Ejecutivo, sino que las mismas eran la consecuencia inevitable de las posiciones del PNP ante las propuestas del Gobernador.

 

De esa manera, gradualmente, aún dentro de la crisis generada por las cesantías de trabajadores, el Poder Ejecutivo fue ganando apoyo de sectores cada vez más amplios sobre su manera de enfrentar el problema de la crisis estructural mediante la imposición de un impuesto al consumo. En un momento dado  se pretendió proyectar el problema como uno que tenía que ver  estrictamente con el manejo por parte del PNP de su posición en torno al impuesto sobre el consumo.

 

 Es interesante destacar una vez más, que la posición del Poder Ejecutivo nunca fue contraria a los intereses que promovían los sectores industriales, financieros, importadores, distribuidores y otros organizaciones patronales como  la Cámara de Comercio, como tampoco a los intereses representados en el PNP desde el control del Poder Legislativo. Más aún, no debemos perder de vista que ambos partidos políticos son sostenidos por los mismos  sectores económicos.

 

Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo para impulsar la imposición de su versión sobre el impuesto sobre el consumo, así como las dificultades colocadas en su paso por la Asamblea Legislativa controlada por el PNP para minar el camino al PPD en su propósito por consideraciones estrictamente electorales, sin embargo, tuvieron demasiado temprano en el tiempo repercusiones y  consecuencias directas en la economía del país y en  las ganancias de los grandes intereses económicos.  Para los grandes intereses económicos en Puerto Rico, los efectos adversos de las medidas adoptadas sobre lo que son sus ganancias, posiblemente llegaron antes de lo esperado.

 

La degradación del crédito del Gobierno en la clasificación de los bonos, afectó del saque los bonos del Gobierno Central y los de las corporaciones públicas. De acuerdo con datos ofrecidos por El Nuevo Día en su edición de 9 de mayo de 2006, los bonos que fueron afectados son: $7,200 millones en obligaciones generales, $3,500 millones en bonos garantizados, $4,300 millones en bonos pagaderos con asignaciones legislativas y $9,800 millones de bonos vinculados al crédito del Gobierno. Esta degradación, si bien afecta al Gobierno en su capacidad para contraer mayores deudas y pagar las que ya tiene, también afecta los intereses económicos de las clases dominantes en el país ya que son éstas, junto a inversionistas estadounidenses, las tenedoras de los instrumentos garantizados con dichos bonos. 

 

La pérdida en la inyección económica millonaria que representó en el movimiento general de la economía del país los salarios dejados de devengar por esos 100 mil empleados públicos cesanteados, también produjo un impacto en el comercio, en la banca, en el sector financiero, en la construcción, etc., ya que se trata de dinero que al dejar de circular en el país, impacta la totalidad de la economía de Puerto Rico.

 

 Al desgaste económico debe sumarse también el desgaste en la institucionalidad y gobernabilidad del país. Aunque difícil de contabilizar, este desgaste tiene también un precio, en la medida en que el descrédito de las instituciones del país se profundice y en la medida en que el Estado ya deja de tener la capacidad para gobernar y para atender las necesidades de la población que sirve. Se trata en última instancia de costos políticos acumulativos.

 

 Las acciones de presión de parte de diferentes sectores sindicales y sociales hacia algunos polos del poder económico del país, entre otras, también tuvieron un impacto. Mediante las misma no solo aparecería dibujado con mayor claridad a cuáles intereses responde el Gobierno y cuál es la responsabilidad de tales sectores económicos a los cuales sirve y protege, con la crisis existente. En este proceso, se produce también una nueva dimensión desde la cual se profundiza la conciencia los trabajadores y se les permita identificar con mayor claridad cuáles son las opciones que tienen en estas circunstancias y cuáles son los sectores con cuyo apoyo pueden contar y cuáles son aquellos que deben ser desplazados de control del país.

 

Por eso, cuando el Gobierno y los sectores económicos que controlan los medios de producción en Puerto Rico percibieron que tal contradicción era generada como resultado de las medidas tomadas, recurrieron al discurso de atacar a aquellos que se oponían a sus propuestas con el viejo discurso anti comunista de infundir terror con la lucha de clases. Mientras imputaban a otros que con sus acciones pretendían revivir a Marx y a Engels, ellos se aferraban a las viejas teorías de Locke y Hobbes sobre el contrato social y la democracia; o a aquellas concebidas por J. Stuart Mills donde se proponían como el paradigma a sus propias concepciones sus nociones sobre la riqueza de las naciones.

 

 Mientras sostenían su discurso, olvidando que en este país todos(as) tienen el derecho a expresar sus puntos de vista, se revistieron de la peor intolerancia ante la disidencia de sus concepciones, demonizando al calor de los debates radiales y el control de los medios de comunicación, a los sectores que rechazaban el impuesto sobre el consumo.

 

 Condenaron que Marx reviviera en nuestra experiencia colectiva la verdad sobre la lucha de clases, mientras ellos resucitaban en sus discursos las ideas que precisamente habían sido enviados al sepulcro por parte de Marx y Engels hace ya más de un siglo y medio.

 

Un sector del movimiento religioso del país, a nuestro juicio comprometido con los intereses de los trabajadores, hizo esfuerzos genuinos desde su perspectiva pastoral, por promover puntos de encuentro y discusión dentro del amplio espectro del movimiento obrero. Su objetivo era servir de cause para promover respuestas conjuntas ante la crisis desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores. Otros sectores religiosos institucionales del país procuraron, sin embargo, la búsqueda de esos puntos de encuentros pero a nivel de las diferentes instancias del poder constitucional y económico del país.

 

Mientras se desarrollaron intentos por parte del primer sector para servir de facilitadores en las conversaciones entre las diferentes tendencias del movimiento obrero y en la necesidad de dar una respuesta común como clase social ante las cesantías de los trabajadores y ante el reclamo en oposición a nuevas y mayores medidas impositivas sobre sus espaldas; surgía la otra iniciativa jerárquica, promovida por varios dirigentes religiosos encabezados por el Arzobispo de San Juan y otros líderes religiosos del sector evangélico, para promover la creación de una Comisión Especial designada por el Gobernador y los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

 

Nos parece que el movimiento obrero no distinguió claramente ambas iniciativas. En un juicio quizás apresurado, desaprovechó la ayuda que desinteresadamente se ofrecía desde lo que el sector religioso más vinculado a la base consideraba su función pastoral en esta coyuntura.

 

 Mientras en torno a la primera el movimiento obrero no articulaba un consenso que les permitiera hablar con una sola voz; los sectores patronales y el Gobierno, aprovecharon la coyuntura. A través de la iniciativa del otro sector religioso, diseñaron el mecanismo que les permitiera, al menos, sanjar momentáneamente sus diferencias. Así, lograron articular un consenso en torno a cómo revertir las cesantías de los empleados, gestionar el préstamo que allegara los recursos inmediatos que eran necesarios sin que las medidas impusieran nuevos gravámenes a los grandes intereses; se allanara el camino hacia el consenso en la imposición del impuesto uniforme sobre el consumo, y allanaron también el camino hacia una denominada “reforma fiscal” y “contributiva”. 

 

Nos parece que los sindicatos, en la iniciativa promovida por el primer sector al que hemos hecho referencia, no le dieron el peso o importancia coyuntural que podía haber representado la vinculación de este sector religioso de base con las demandas de los trabajadores. Considero en lo personal, que debe hacerse eventualmente una reflexión separada de ésta en torno a cómo, en situaciones futuras, este sector debe tomarse en consideración en el conjunto de las estrategias de lucha que articule el movimiento obrero. Después de todo, para la inmensa mayoría de los trabajadores del país, se trata de un sector vinculado a su realidad cotidiana, ya sea desde el punto de vista de sus creencias, como desde el punto de vista de sus relaciones humanas.

 

El resultado de las medidas adoptadas por esta nueva Comisión Especial fue el Informe rendido el 10 de mayo de 2006. En él quedó establecido el compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de implantar un impuesto de consumo de base amplia; establecer “una abarcadora Reforma Fiscal”; imponer unos controles estrictos de gastos gerenciales en el Gobierno; generar ahorros en sus operaciones; y “reducir la deuda pública”.

 

 Sobre el primero, la medida afectará a la clase trabajadora, ya que supone un impuesto más de naturaleza regresiva, donde el trabajador acabará pagando impuestos sobre el consumo en la misma proporción que los ricos. En cuanto a los controles estrictos de los gastos gerenciales, es claro que de lo que se trata es de afectar la cantidad de empleados existentes en el Gobierno. De hecho se ha sugerido que se lleve a cabo una reducción de los puestos de trabajo en el Gobierno a base de un 3% anual durante un período de cinco a siete años, lo que supone en dicho período, una reducción entre 15-21% de la fuerza de trabajo.

 

 La experiencia que hemos acumulado del significado que el Gobierno suele dar al término “generar ahorros” es la de no invertir mayores recursos en el mejoramiento de las condiciones de trabajo que suelen enfrentar los trabajadores en sus respectivos centros de trabajo, teniendo éstos que utilizar escritorios, computadoras, sillas, espacios vitales de trabajo y otras, que cada día empeoran sus condiciones de empleo y las condiciones bajo la cuales el pueblo recibe los servicios.

 

 La reducción de la deuda pública, claro está, supone que ante el cuadro que vive el país, mayores recursos tendrán que ser destinados al pago de la deuda sin que se planteen recaudos significativos que podrían ser sufragados por aquellos que se benefician de las ganancias que genera este sistema de desigualdad económica que es el prevaleciente en nuestro modelo capitalista colonial.

 

 

 

Algunos escenarios posibles de cara al futuro

 

Me parece que el movimiento obrero debe replantearse en estos momentos en cuáles escenarios habrán de desarrollarse las luchas futuras de las cuales participarán; cuáles habrán de ser la medidas a tomar por el Gobierno/Patrono; y cuáles son sus tareas más urgentes.

 

Para nosotros, un punto de partida básico en esta discusión, es que sería incorrecto colocar el peso de nuestro trabajo futuro en la lucha contra la imposición del impuesto sobre el consumo. Esa batalla ya se dio y en el curso de la misma la perdimos. No logramos prevalecer, en parte porque no nos preparamos para asumir la misma y en parte porque no pudimos enfrentar los intereses del Gobierno y la clase patronal con una sola voz, con una sola respuesta.

 

Insistir en desarrollar en esta etapa una campaña de oposición al impuesto sobre el consumo, cuando ya el Gobierno ha asumido producto de legislación una deuda adicional mediante la cual ha tomado en préstamo la suma de $741 millones adicionales a ser garantizados con el 1% de lo que habrá de ser el nuevo impuesto por el consumo, es simplemente una ilusión.

 

De hecho, ya en la prensa de ayer 2 de junio de 2006, se discute cómo habrá de cortase el bizcocho resultante de la repartición de 5.5% del impuesto al consumo. Mediante la fórmula propuesta, se destinaría el 2% a sustituir la eliminación del arbitrio del 6.6%, el mismo que como vimos antes tan solo deja en estos momentos $535.4 millones a pesar de que el monto de las importaciones ajustadas es de $44,716.5 millones; un 1% adicional para el pago de la deuda extra constitucional, la misma que indicamos, conforme a datos aparecidos en El Nuevo Día   el 14 de mayo de 2006, en el año 2005 ascendió a $7,980.5 millones, aunque según el Informe de la Comisión Especial designada por el Gobernador y los Presidentes del Senado y Cámara de Representantes es de aproximadamente $6,400 millones.

 

Nótese cómo todavía hoy, luego de todo este debate, los número sencillamente no cuadran; es decir, entre los números ofrecidos por ambas entidades sobre lo que constituye la deuda extra constitucional, hay una diferencia de $1,580 millones. Otro renglón es el pago de otro 1% para el déficit estructural del ELA;  y finalmente, un pago de 1.5% a los municipios, entre los cuyos renglones se encuentra el pago de sus capitaciones a la Tarjeta de Salud.

 

Lamentablemente, en estos momentos amplios sectores del país han asumido como correcta la posición que les han vendido los partidos políticos mayoritarios de que la única tabla de salvación ante la crisis es el impuesto sobre el consumo. Yendo más allá de las diferentes organizaciones sindicales, tampoco el Partido Independentista Puertorriqueño, ni el Frente Socialista como suma de organizaciones, ni el Movimiento Socialista de Trabajadores, ni el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, ni el resto de las organizaciones independentistas en el país, a pesar de los esfuerzos ciertamente desiguales hechos por cada una de ellas en esta coyuntura para enfrentar al Gobierno/Patrono, pudieron detener esta ofensiva.

 

Entendemos que se desarrollarán otras luchas, pero las mismas serán en torno a otros aspectos. Por ejemplo, está planteado en la agenda del Gobierno, entiéndase PNP/PPD, la reducción en la nómina del Gobierno. Para obtener tal resultado, como indicamos, se ha mencionado una reducción anual de un 3% en los próximos 5-7 años, lo que representa una reducción entre 15-21% de los puestos de trabajo. Si como indica el Informe de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal, el número de empleados públicos se acerca en estos momentos a la cifra de 275 mil, entonces de lo que estaríamos hablando es de una reducción en el gobierno que impactaría a entre 41,250 y 57, 750 empleados.

 

Una reducción de puestos de trabajo en el Gobierno de esta naturaleza no podrá ser llevada a cabo a base de meras propuestas de retiro temprano u otra análogas como el retiro incentivado. Para lograr tales metas el Gobierno procederá, además, a congelar las plazas de aquellos que se retiren, no renovará los contratos de los empleados transitorios y llevará a cabo procesos de reorganización o “reingeniería gerencial” que eventualmente impactarán a los empleados de carrera.

 

 Para este propósito, también procurará despojarse de las restricciones que les impone en estos momentos los diferentes convenios colectivos. De ahí que se torne en un elemento indispensable y vital en estos momentos, la lucha por la defensa de los convenios colectivos en el sector público. Es de esperarse entonces, como ya lo vemos en el Departamento de Educación y otras agencias, que el Gobierno se niegue a renovar la vigencia de los convenios que han vencido mientras se negocia el nuevo convenio. Al negarse a renovar los convenios, el Gobierno pretende tener las manos libres, entre otras cosas, para llevar a cabo los ajustes y reorganizaciones que se han propuesto implantar en las agencias relacionados con la condiciones de trabajo, nuevos procesos de cesantías y reorganización de las oficinas y departamentos.

        

En segundo lugar, creemos que el Gobierno desarrollará una intensa campaña dirigida a desacreditar el actual liderato sindical que le representa algún tipo de escollo en sus planes. Para esto recurrirán a utilizar diferentes mecanismos ya ampliamente ensayados en el sector privado, con los cuales deslegitimar el liderato de estos sindicatos. A la vez, promoverán y proyectarán otras instancias sindicales y otro tipo de liderato más afín a sus propósitos como los nuevos dirigentes “responsables”y “serios” con los cuales los trabajadores deben depositar su confianza.

 

En tercer lugar, nos luce que la ofensiva del Gobierno se dará no solo a nivel del Gobierno Central sino también en las corporaciones públicas. Para ese propósito se utilizará el modelo desarrollado durante la última negociación del convenio colectivo de la AAA. De un lado, impulsarán  que las corporaciones asuman modelos de autosuficiencia en el manejo de sus presupuestos; o en aquellas que no es posible, que asuman en el curso de sus operaciones una cuota mayor en la generación de ingresos que hoy son ofrecidos por el Estado a través de subsidios. De otro lado, los enfoques que se desarrollen en la negociación de los convenios colectivos, irán dirigidos a reducir los derechos y beneficios marginales acumulados por los trabajadores a lo largo de los pasados años, particularmente en el área de licencias, plan médico y licencia por accidentes de trabajo.

 

 Se nos ha indicado, además, que en estos momentos, en cada corporación pública y agencia del Gobierno Central, se han emitido directrices dirigidas a identificar los puestos que habrán de  considerase para su eliminación, así como evaluar los deberes y funciones de los diferentes puestos de manera que los empleados que los ocupan, mediante la consolidación de funciones en un solo puesto, puedan desarrollar más deberes y funciones y así reducir el número de plazas existentes.

 

Es de esperarse, además, que se intensifiquen los planes de privatización de actividades que hoy desarrolla el sector público. Entre las recetas que nos ofrece el sector privado en la Revista de Negocios de El Nuevo Día de 7 de mayo de 2006 se encuentra nuevamente la revisión de las leyes laborales, incluyendo la eliminación de la Ley 80 sobre despido injustificado y la Ley que crea el Fondo del Seguro del Estado, la revisión de lo que denominan escollos en las leyes protectoras del trabajo; la reducción de los beneficios marginales en licencias en el sector público y la reducción del llamado “gigantismo” en el sector público.

 

En cuarto lugar, nos parece que el movimiento obrero debe ajustar sus miras en torno al contenido de sus debates relacionados con la Ley 45. Si bien es cierto que si algo ha demostrado la pasada coyuntura, son las grandes limitaciones que tiene dicha ley y el poco o ningún respeto del Gobierno en cuanto al cumplimiento de la misma; la realidad, sin embargo, es que la Ley 45 es uno de los instrumentos desde los cuales decenas de miles de trabajadores pueden organizar en estos momentos su lucha y resistencia a las nuevas medidas del Gobierno.

 

El debate en estos momentos en torno a si dicha ley es o no es una ley negativa a los intereses de los trabajadores no debe estar en la orden del día.

 

El 26 de agosto de 2001, en el mensaje que ofrecí en ocasión de la reunión convocada para la creación de un Coordinadora Nacional de Unidad Sindical Clasista en Puerto Rico, señalé que el movimiento obrero se enfrentaba en aquel momento al mismo dilema que se había enfrentado durante la década de 1940 la UGT al intentar responder, frente a los efectos que causó la aprobación e implantación de la Ley Taft-Hartley.

 

Indiqué también que oponernos a organizar bajo una ley que nos privaría de ostentar la condición de “representante exclusivo” en las diferentes agencias, con el agravante de que los controles y sanciones contenidas en la misma nos serían aplicables aún sin ostentar dicha condición de representantes exclusivo, nos creaba una difícil situación. Mencioné en mi intervención que esta situación  se agravaba aún más, ante el poco o ningún espacio que actualmente le quedaba para accionar a las organizaciones sindicales bajo la Ley 134.

 

Me parece hoy, luego de la experiencia de los pasados cinco  años, que mantener como elemento principal del debate en el movimiento obrero la discusión en torno a quién está o quién no está bajo la Ley 45 y sus consecuencias, discusión esta que desde el punto de vista conceptual no deja de ser un debate importante, es perder de perspectiva que lo fundamental hoy, en el momento en que el Gobierno/Patrono se apresta a asestarnos un rudo golpe en nuestros convenios colectivos, en nuestros derechos como trabajadores y en nuestros bolsillos como consumidores, es precisamente defender nuestros derechos como trabajadores. Limitar nuestra posibilidades en el curso de dar esta batalla  es imperdonable.  Hoy dicha aproximación tiene mayor vigencia.

 

Creemos que es necesario identificar los espacios en los cuales, más allá de las diferencias que seguirán existiendo entre las diferentes tendencias del movimiento obrero, es no solo posible sino también necesario trabajar. Es necesario contribuir a la formación de una instancia de coordinación mínima en la cual los debates que desarrollemos giren en torno a cómo enfrentar al Gobierno/Patrono en sus planes y no sobre otros aspectos secundarios. Me parece que el desarrollo de los organismos de base propuestos, siguiendo el modelo que hubo en el período de Huelga de Pueblo con los Consejos Regionales, es un punto de partida. Más aún, es importante evaluar los aciertos y errores en el desarrollo de aquella experiencia, los primeros, para superalos, los segundos para evitar repetirlos.

        

En quinto lugar, me parece que en esta nueva batalla el conocimiento y la información juegan un papel importante. La reciente experiencia nos dejó huérfanos parciales de propuestas alternas, debidamente estudiadas y analizadas, que  confrontaran las debilidades de las propuestas del Gobierno, las del PNP y las del PPD. Peor aún, en este proceso estuvimos también parcialmente huérfanos en la producción de nuestras propias alternativas, en del diseño de los mecanismos para propagar nuestras ideas y en la manera de romper el cerco que los medios de comunicación y el esfuerzo propagandístico del Estado y los sectores dominantes nos impusieron.

 

 Más aún, me preocupa grandemente a insuficiencia de intelectuales comprometidos con los intereses de los trabajadores  que coloquen sus conocimientos y destrezas en la producción de ideas y propuestas desde la perspectiva de los intereses de la clase trabajadora. Es posible que si tales recursos no vienen a nosotros, tengamos entonces nosotros que plantearnos, de cara al futuro, ir forjándolos, aunque sea sobre la marcha misma. En todo caso la capacitación y el conocimiento no puede ser privativo de los grandes intereses.

 

 No tengo una fórmula sobre cómo romper ese cerco, pero tengo la convicción de que esforzarnos por lograrlo es fundamental en esta lucha. Más aún, creo que si nos lo proponemos, lo lograremos.

 

Finalmente, pero no menos importante, es de rigor comprender que los grandes intereses económicos, aún dentro de sus coincidencias como clase en la defensa de sus objetivos frente a los trabajadores, distribuyen sus preferencias de naturaleza electoral entre los partidos políticos mayoritarios. En el seno de esa relación surgen y se manifiestan contradicciones que el movimiento obrero no debe dejar pasar por alto. A veces perdemos de perspectiva que, al igual que ocurre dentro  del seno de la clase trabajadora, entre ellos también surgen diferencias que dificultan su trabajo conjunto.

 

La clase patronal no está inmune a las contradicciones. También ellos pueden dividirse sobre asuntos en los cuales el movimiento obrero puede capitalizar sus propuestas en beneficio de sus propios intereses.

 

Las elecciones en un país como el nuestro producen una base material para el desarrollo de tales contradicciones. Más aún, ante el estrecho margen de votos que le dio la victoria a un partido en el Poder Ejecutivo, o al otro en el control del Poder Legislativo, las posiciones que éstos asuman frente a los trabajadores es vital en términos de sus expectativas de triunfo. Después de todo, y más aún, a pesar de todo, es el voto de los trabajadores quien da o quita el triunfo en las elecciones a los partidos políticos mayoritarios. Cuánto peso puedan tener en las próximas elecciones la manera en que se desarrollen las luchas entre el Gobierno/Patrono y los trabajadores, influenciará en cuán profundas y o cuán anti obreras serán las políticas que formulen dichos partidos que impacten a los trabajadores en sus empleos y condiciones de vida.

 

En el presente, quizás como no había sido en los pasados años, los trabajadores pueden utilizar su fuerza numérica y política  para defender sus intereses frente a la ofensiva que  se avecina. Ese poder lo podemos utilizar hoy para lograr en el proceso, de cara a una nueva reforma fiscal y contributiva, espacios superiores a aquellos que sin la organización y la lucha no asegurarían. De lo que hablamos no es necesariamente del ejercicio del voto de aquí a dos años y medio, sino de organizarnos hoy, demostrar el poder que tenemos y de conformidad al mismo exigir que no se continúe atentando contra nuestros derechos como trabajadores.

 

Conclusión

 

Como pueden ver, estos comentarios y reflexiones quizás se encuentran muy por debajo de las expectativas que los organizadores del seminario tenían desde el punto de vista de exposición que permitiera el desarrollo de una discusión. Son demasiados datos y ciertamente, una intervención larga, siempre limita los espacios y el tiempo para una discusión más amplia. Me parece, sin embargo, y es lo que me ha impulsado a darle este formato a mi intervención, que toda reflexión debe ir acompañada de datos que sustenten los procesos de análisis. Sin ellos no es posible llegar a conclusiones. Lo contrario sería colocarnos, como se que ha ocurrido en otras ocasiones, de francotiradores en un debate interminable, disparando tiros en todas direcciones.

 

  Uno de los elementos que pude filtrar a título personal en estas pasadas semanas mientras discurría el debate provocado como resultado de la insuficiencia fiscal y las cesantías en el Gobierno, fue precisamente la dispersión en los datos, la falta de premisas e información en torno a la coyuntura que vivíamos, el desconocimiento del contenido de las propuestas del sector patronal/gubernamental, también de aquellas que hacían los representantes de los trabajadores, y cómo, en la identificación de las alternativas, los intereses de clase de los sectores dominantes prevalecían sobre aquellos del pueblo trabajador.

 

 Por eso hoy en mis palabras, más que conclusiones, he procurado ofrecer en parte los elementos que nos permitan en conjunto la búsqueda de tales conclusiones. Corresponde ahora a todos nosotros, encaminarnos en esa dirección. Muchas gracias por su atención.

 

 

 

Alejandro Torres Rivera, abogado laboral puertorriqueño, es profesor del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Secretario de Educación Política del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico.
 

 


            [1]

            En 1930 el 23.7% de toda la tierra dedicada a la producción de la caña de azúcar y el 46.3% de la tierra organizada en corporaciones pertenecía a cuatro corporaciones azucareras de capital estadounidense. Para entonces, se calcula que más del 27% de la riqueza total de Puerto Rico estaba en manos extranjeras.  James L. Dietz, Op. Cit

            [2]

            Una idea de lo que representó este cambio de rumbo lo es el hecho de que entre 1967 y 1972 se invirtieran en Puerto Rico aproximadamente $1,400 millones a pesar de que este tipo de industria nunca llegó a aportar más de 6,000 empleos directos en la economía.

 

 

            [3]

            Para 1990 las exportaciones en Puerto Rico fueron $20,866 millones, el 99.2% de ellas vinculado a productos manufacturados, casi todos en empresas 936. Las importaciones en ese año fueron de $19,136 millones. En el sector financiero los fondos 936 depositados en bancos en Puerto Rico eran aproximadamente $15 mil millones. De estos el 38.5% correspondía a inversiones directas, el 46.5% estaba depositado en bancos comerciales y el 15.1% en casas de corretaje.

            [4]

            Para 1975 el monto de las transferencias federales y gastos del Gobierno Federal en Puerto Rico era de $2,994.5 millones, los cuales incluían las transferencias al Gobierno de Puerto Rico y personas individuales; gastos operacionales de las agencias federales en Puerto Rico y la devolución de los arbitrios sobre embarque de ron y petróleo. Para 1990 el monto de las mismas había ascendido a $8,033 millones. De este total $230.5 millones correspondían a la devolución de arbitrios; $781.0 millones en transferencias al Gobierno Central; $152.6 millones en transferencias a los municipios; $580.8 en transferencias al Gobierno Federal y $4,520  millones  en transferencias a individuos, de los cuales $2,850 millones correspondían a transferencias devengadas y $1,670 millones a transferencias otorgadas. Datos más recientes indican que para el año 2002, el total de transferencias otorgadas, es decir, aquellas por las cuales los puertorriqueños no tuvimos que aportar nada al Gobierno de Estados Unidos, fue de $3,215 millones. De éstas, más de una tercera parte correspondieron al Programa de Asistencia Nutricional (PAN). De acuerdo con la edición de El Nuevo Día de 18 de abril de 2006,  en Puerto Rico, alrededor de 1.5 millones de personas se benefician del Programa de Asistencia Nutricional, alcanzando el monto del mismo a cerca de $1,600 millones anuales.

            De acuerdo con el economista Juan Lara, las transferencias otorgadas a Puerto Rico en el año  1990 equivalían a 7% de ingreso personal del país, mientras que la suma de todas las transferencias federales representaban, a la altura de 1995, 22% de cada dólar gastado en el país.  Según nos indica el reciente estudio publicado por el Instituto Brookings y el Centro para la Nueva Economía, bajo la firma de Barry P. Bosworth, Susan M. Collins y Miguel A.  Soto Class, las transferencias federales actuales representan entre el 25 al 28 por ciento (25%-28%) del ingreso personal en Puerto Rico, lo que constituye el doble de lo que las mismas representan en Estados Unidos continentales.

            [5]

            Mientras que en 1965 Puerto Rico tenía 65 mil empleados públicos, lo que equivalía al 10.5% del empleo total del país, ya en 1990 el número de empleados públicos ascendía a 297 mil empleados, es decir, el 33% de la fuerza de trabajo. De estos, 211 mil pertenecían al Gobierno Central. De acuerdo con Marian Díaz, Revista de Negocios El Nuevo Día, de 7 de mayo de 2006, el empleo público aumentó en Puerto Rico entre 1970 a 2004 de 106 mil puestos de trabajo a 268 mil, lo que representó en dicho período un incremento de 153%. De acuerdo con las estadísticas actuales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, actualmente trabajan en el Gobierno de Puerto Rico 302,300 empleados, lo que representa el 28.8% del total de empleados en Puerto Rico, suma esta que asciende a 1.05 millones de trabajadores. De acuerdo con datos ofrecidos en el Informe de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal de mayo de 2005, para el año 2004 el sector público – en referencia al Gobierno Central– empleaba unos 275 mil empleados, lo que representa el 22% del total de personas empleadas en el país.

 

            Mientra que el sector privado en 1960 tenía una participación en el ingreso personal del país de 74.09%, el Gobierno de Puerto Rico tenía el 14.34% y el Gobierno Federal 11.57%. A la altura de 1990 la participación del sector privado era de 56.62%, la del Gobierno de Puerto Rico era de 19.09% y la del Gobierno Federal 24.29%.

            [6]            Para 1972 la deuda pública era de $2,545.9 millones; en 1975 había ascendido a $5,299.7 millones; en 1990 había llegado a $12,564.7 y en 1994 a $15,300 millones. Datos provistos por La Revista de Negocios de El Nuevo Día en su edición de 14 de mayo de 2006, tomados del Banco Gubernamental de Fomento, indican que a mientras a junio de 2000 el total de la deuda pública en Puerto Rico era de $24,188.7 millones ($5,348.9 en deuda constitucional, $1,464.4 en deuda municipal, $13,431.6 en deudas de las corporaciones públicas, $3,576.8 en “deuda extra constitucional”,  y $367.0 en otro tipo de deudas); para esos mismos renglones, en el año 2005 la deuda era de $40,268.3 millones ($7,307.1 deuda constitucional, $2,181.3 deuda municipal, $19,234.1 corporaciones públicas, $7,980.5 deuda “extra constitucional”,  y $3,565.3 en otro tipo de deudas). De lo anterior se desprende, un cambio en el total de la deuda entre 2000 y 2005 de 66.48%.

            [7]

            Estrategia Para el Desarrollo Económico de Puerto Rico: Hacia la Segunda Transformación Económica, Consejo Asesor Económico del Gobernador, enero 1989.

            [8]

            El efecto de la eliminación de la Sección 936 se ha dejado sentir de manera directa en la economía de Puerto Rico. En el año 1990 habían 157 mil trabajadores empleados en el sector de la manufactura. Para el año 2004 el número de trabajadores en el sector de la manufactura había descendido a 115 mil, es decir, ocurrió una mengua de 42 mil empleos en dicho sector.

            [9]

            Alejandro Torres Rivera, Los Retos de la Clase Obrera Puertorriqueña ante la Ofensiva Patronal Neoliberal: Apuntes para una discusión urgente, Revista jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vol. 33, Núm 3, 1999.

            [10]

             Un comunicado de la organización “Limpieza Ciudadana” de 10 de mayo de 2006, nos indica, tomando como base datos del Comisionado de Instituciones Financieras, que en el año 2000, los activos de sector financiero en Puerto Rico ascendían a la suma de $54,785.486. Al 31 de diciembre de 2005 estos activos habían ascendido a $101,478.694; es decir, un aumento de $45 mil millones en un período de cinco años. Indican también que la banca comercial tiene invertidos en la bolsa de valores la suma de $36,437.410 millones. Las corporaciones estadounidenses en Puerto Rico tuvieron ganancias netas en Puerto Rico durante el año 2002 de $24,000 millones mientras que para el año 2004 eran de $30,683.8. En el caso de este último año, la cantidad de dinero que repatriaron ascendió a $28,522.2. La diferencia, es decir, $2,161.6 fue lo que se quedó en Puerto Rico.

 

            Datos ofrecidos en el Informe preparado por el Instituto Brookings junto al Centro para la Nueva Economía titulado The Economy of Puerto Rico dado a conocer el pasado mes de mayo de 2006, indican que el total de activos financieros en Puerto Rico para el año 2004 era de $218,000 millones, el 43% de ellos depositados en la banca comercial y el resto depositados en la banca internacional. Indican que durante el período de 1995 a 2004 dicho sector experimentó un crecimiento de un 13% anual. El Informe destaca que la banca genera mayores ingresos por concepto de préstamos que de depósitos.

            [11]

             Se trata de un sistema de impuestos en el cual, en las diferentes etapas que tiene la circulación de una mercancía a partir de la incorporación inicial que se le hace a la materia prima de la fuerza de trabajo como valor, se establece una tributación o impuesto entre el precio inicial del producto y aquel de los insumos que se le añaden el proceso de circulación de tal mercancía. En cada etapa de tal circulación, al pago que le añade el consumidor, se le impone un impuesto fijo, por lo tanto en cada etapa, quien vende se convierte en un recaudador y el que compra se convierte en un contribuyente.

            [12]

            Esta premisa, a nuestro juicio es del todo incorrecta y falsa si tomamos como cierta la posición asumida en el Informe de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal de mayo de 2005 donde específicamente se indica, a la página 36 lo siguiente: “Alrededor del setenta y seis (76) por ciento del presupuesto para el año fiscal 2006 está destinado a gastos operacionales; de esa cantidad aproximadamente el 47% está dirigido al pago de nómina. De este, el 12% está asignado al pago de la deuda pública y solamente resta un 12% para el financiamiento de mejoras permanentes.”

            [13]

            El Estudio figura citado en el Informe Final al Gobernador por parte de la Comisión Especial sobre Reforma Fiscal de  mayo de 2004.

            [14]

             Indica dicho Informe que el mismo surge del “texto y espíritu ancho de la Resolución Conjunta Núm. 321 de 21 de noviembre de 2005 donde se señalaron los “principios y parámetros de una reforma contributiva y fiscal” cuyo fin sería “lograr justicia contributiva a los ciudadanos, ampliar las bases de ingresos del erario y establecer los controles para lograr los ahorros necesarios en los gastos gubernamentales”.