La utilización de la lucha armada como método de lucha

 

Alejandro Torres Rivera

19 de septiembre de 2007

 

 

“Si conoces al enemigo y te conoces a tí mismo, no necesitas temer el resultado de cien batallas.

 

Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada batalla ganada también sufrirás una derrota.

 

Si no te conoces ni a ti mismo ni al enemigo, sucumbirás en cada batalla.”

                                     

                                      Sun Tzu: El Arte de la Guerra

 

 

 

         Agradezco la invitación cursada por los organizadores de esta actividad para compartir con ustedes esta noche algunos aspectos relacionados con la utilización de la lucha armada como método de lucha.  Mi aprecio personal a los compañeros de panel, a quienes estimo y respeto hondamente.

 

         Primeramente, quisiera hacer una distinción entre lo que considero son los “métodos de lucha” y lo que constituye, en una etapa particular del desarrollo de un proceso político, el “método fundamental de lucha”.

 

         Se entiende por “método”, según nos indica el Diccionario de la Lengua Española, el “modo de decir o hacer con orden una cosa”; el “modo de obrar o proceder”; y es también, el “hábito o costumbre que cada uno tiene y observa” en el desarrollo de sus actos. Aplicado al plano de los procesos políticos, podríamos indicar que “métodos de lucha” constituyen aquellos procedimientos o maneras como nos planteamos desarrollar la conducción de los procesos sociales con miras a la obtención de ciertos resultados.

 

         En los procesos de lucha política, de lucha revolucionaria, de lucha anti colonial pueden converger, sin embargo, diferentes métodos de lucha según el desarrollo de las condiciones particulares de cada país. No sería inusual  encontrarnos con situaciones donde a lo largo de ciertos períodos de tiempo definidos, que pueden ser a su vez ser cortos o extensos, pueda identificarse en ellos la primacía de un método sobre otros como el método fundamental que asume la lucha.

 

         Durante décadas, el debate sobre los métodos de lucha política en el contexto de la lucha por la descolonización, la soberanía y la independencia nacional en nuestro país, ha estado en alguna medida mediatizado entre las organizaciones patrióticas por una aproximación en la cual, la lucha armada y la lucha electoral o cívica, se anteponen como contrarios, como opuestos, perdiendo así la perspectiva de la complementaridad.

 

          Se elevan así, en categorías principistas muchas veces dogmáticas, el uso o el rechazo de la vía electoral como sinónimo de lucha legal o pacífica, excluyente de toda forma de resistencia armada o político-militar; en contraposición al ejercicio de la lucha armada, desarrollada al margen de la legalidad misma del Estado, como sinónimo de lo que es o no es revolucionario. Así, sumidos dentro de este tipo de debates, vamos perdiendo de perspectiva los aspectos de interdependencia presentes en ambos métodos de lucha. Al hacerlo, olvidamos volver nuestras miradas a las experiencias de otros procesos revolucionarios triunfantes en los cuales la combinación en el ejercicio de diferentes métodos de lucha ha sido fundamental en el triunfo de los pueblos en una lucha de independencia y liberación nacional.

 

         Puerto Rico es un país colonial. Los poderes políticos fundamentales no residen en Puerto Rico sino en el Congreso de Estados Unidos, quien los ha conculcado desde el fin de la Guerra Hispano-cubana-americana.  En el marco de esta ausencia de democracia real, donde los poderes políticos de los puertorriqueños son detentados por otro teniendo como resultado que la soberanía no reside en nosotros, el imperialismo estadounidense ha creado las bases materiales para inducir al pueblo a creer en la validez de su modelo político vigente como expresión de una democracia representativa dentro del marco del desarrollo capitalista que vivimos.

 

         El resultado de este largo proceso ha sido que en Puerto Rico todavía la inmensa mayoría de nuestro pueblo, en parte por la incapacidad del independentismo para convencerles de lo contrario, cree de buena fe que vive en una democracia. Para esta mayoría de nuestro pueblo existe la noción de que las instituciones creadas dentro de la legalidad colonial existente, le brindan aquellas herramientas necesarias para atender sus necesidades de cambio y mejoramiento material en sus condiciones de vida individual y colectiva. A juicio de esta mayoría, las instituciones existentes posibilitan también los mecanismos para atender aquellos problemas relacionados con el estado de sus relaciones políticas con Estados Unidos.

 

         En Puerto Rico, los espacios para el desarrollo de la lucha cívica, la lucha legal de masas, la lucha electoral, la lucha comunitaria organizada, entre otras, si bien en ciertos períodos se han estrechado, no es posible afirmar y mucho menos en forma categórica y absoluta, que se hayan cerrado esas posibilidades, incluso para aquellos que nos planteamos la independencia y el socialismo.

 

          La experiencia del Siglo XX corrobora esta afirmación. Aún tomando en consideración la abrumadora represión contra el movimiento nacionalista y comunista durante la década de 1950, ciertamente el independentismo pudo mantener como instrumento de lucha una opción legal electoral, a la vez que desarrolló otra alternativa de lucha revolucionaria no electoral. Tal fue el caso del PIP, y más adelante, del MPI al final de la década.

 

         En los años sesenta y setenta, cuando asumíamos esta misma discusión, señalábamos que si esto era así, era porque todavía el desarrollo de esa lucha de masas no representaba un peligro irreversible para los intereses vitales del imperialismo en Puerto Rico. Por eso postulábamos la necesidad de, sin abandonar otras formas de lucha organizada, a través de los frentes de lucha de masas legales podíamos influenciar el adelanto de la independencia. En este debate, sin embargo, estaba presente la premisa de que era necesario el desarrollo de instancias organizadas que sirvieran a manera de retaguardia para esa lucha legal de masas; el desarrollo de instancias organizadas que articularan la capacidad de garantizar que, bajo nuevas y más difíciles condiciones, la lucha por la independencia nacional y la justicia social continuara adelante.

 

         Para esos años compartíamos la idea sobre la necesidad de articular tres pilares sin los cuales sería imposible darle continuidad histórica a la lucha de independencia: primero, era necesario la conducción política del proceso mediante la creación y desarrollo de un partido político clandestino, capaz a su vez de combinar efectivamente su organización dentro del marco de la legalidad existente y más allá de la misma; segundo, mediante la formación de cuadros integrales capaces de asumir las diferentes tareas que cada período y circunstancia requirieran. Estos cuadros, formados al calor del debate ideológico, la lucha de masas y la capacitación militar interna, estarían en condiciones de ir construyendo los cimientos de una estructura político-militar; tercero, que estos cuadros y esta organización impulsaba la lucha político-militar, a la vez tendrían la responsabilidad de contribuir al desarrollo de una estructura amplia de masas, capaz de incorporar a la lucha amplios sectores del pueblo dentro del contexto de una lucha anti colonial, anti imperialista y anti capitalista.

 

         “Partido-Ejército-Frente de Masas”, ése era el trípode desde el cual desarrollaríamos el proceso revolucionario puertorriqueño.

 

         En aquel momento, valga la pena aclarar, en el proceso de identificar la etapa de la lucha por la cual se atravesaba, definíamos la misma como una de “defensiva estratégica”; es decir, una en la cual la debilidad relativa del movimiento revolucionario obligaba a colocar mayor énfasis en la preparación e inserción de los cuadros en las luchas que se libraban por parte de nuestro pueblo. Las tareas político-militares quedaban subordinadas a aquellas que demandaba la lucha de masas. De ahí que a partir del desarrollo de las luchas amplias; de las luchas de masas; de las luchas de las comunidades, de las luchas de los sindicatos frente a sus patronos y al Estado; de las luchas nacionales como fueron la lucha por la defensa de los recursos naturales y la lucha anti militarista, la lucha armada y la lucha política se asumía por el partido como una sola.

 

         Esta visión fue en alguna medida articulada por diferentes organizaciones  a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. En el caso particular del compañero Filiberto Ojeda Ríos, a partir de las anteriores premisas y como hoy atestiguan los señalamientos hechos en la entrevista y los documentos publicados en el libro de José Elías Torres, titulado Filiberto Ojeda Ríos: su propuesta,  visión, su propuesta sobre la necesidad de la lucha armada en Puerto Rico se concebía primero, como componente histórico de nuestro pueblo presente a lo largo de su lucha de independencia desde el siglo XIX; segundo, como derecho legítimo del pueblo puertorriqueño en su lucha anti colonial frente a Estados Unidos de América. Como indica el propio compañero Ojeda Ríos, la lucha armada es y ha sido “un mecanismo irrenunciable por constituir por sí mismo un derecho de todo pueblo colonizado para luchar por la independencia de la patria.”

 

         Un tercer elemento importante en la articulación de esta visión que nos indica el compañero Ojeda Ríos, era que la lucha armada no debía ser concebida como un fin en sí misma. La lucha armada para Filiberto Ojeda Ríos era un complemento, vigente en esta etapa de la lucha de masas que venía articulando nuestro pueblo.

 

          Esta lucha que describía Filiberto, era aquella que a lo largo de los pasados años se ha venido manifestando en procesos tales como la lucha por la defensa del idioma y nuestra cultura; la lucha contra la venta de la Telefónica y su defensa frente a las medidas neoliberales privatizadoras por parte del Estado como patrimonio nacional del pueblo puertorriqueño; la lucha por la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques; como también de cara al futuro, en las luchas comunitarias, ambientales y por la defensa de los recursos naturales de las cuales participan hoy importantes sectores de nuestro pueblo.

 

         Como indicara el compañero al referirse a esta complementaridad a la luz de la experiencia de la lucha de nuestro pueblo contra la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques:

 

         “Hemos dicho y ahora repetimos, que no habremos de hacer nada que pueda convertirse en elemento detrimental a lo que nuestro pueblo ha escogido como metodología de lucha en esta etapa, para hacer frente a este abuso del gobierno de los Estados Unidos y de su Marina de Guerra que es la que dicta la política a ser ejecutada en contra de nuestro pueblo. La concepción de la desobediencia civil es la que nuestro pueblo apoya en estos momentos y no seremos nosotros los que nos coloquemos al margen de esa preferencia, salvo que la misma haya sido irreversiblemente reprimida, en la práctica.  Ese es nuestro deber como revolucionarios serios y responsables en este proceso histórico.”

 

         Dentro de esta concepción, el desarrollo de una organización político-militar de cuadros se concibe a sí misma como un “partido armado”. Se trata de una organización capaz de asumir como retaguardia revolucionaria los intereses estratégicos del pueblo puertorriqueño en el momento en que el enemigo avance sobre las organizaciones de masas; como aquella que sirve de escudo protector al pueblo que articula sus luchas sobre los intereses del enemigo y la cual está disponible para ejercitar sus funciones político-militares en el momento en que las condiciones así lo determinen.

 

         Es dentro de este contexto que es posible explicar y entender las acciones desarrolladas por diferentes organizaciones clandestinas en Puerto Rico en las pasadas décadas al reivindicar acciones como las de Base Muñiz y Sábana Seca; como también las acciones desarrolladas en el contexto de la Huelga del Pueblo contra propiedad del Banco Popular o contra los privatizadores del Super Acueducto que traería el agua desde Dos Bocas al Área Metropolitana durante el Rossellato.

 

         Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este foro para  dedicar también un tiempo a analizar el reverso de esta discusión; es decir, la utilización de la vía electoral como método de lucha en el contexto del proceso político puertorriqueño.

 

         Coincido con unas expresiones que escuché al Comandante Fidel Castro Ruz en ocasión de la celebración del Foro de Sao Paulo en La Habana allá para el año 2001 cuando indicó que, a la luz de los nuevos desarrollos políticos en América Latina, era necesario hacer una revaluación de las tesis que llevaron a la adopción y desarrollo por parte del movimiento revolucionario de la lucha armada como método fundamental de lucha en nuestro Continente.

 

         Allí Fidel comparó los espacios políticos existentes en diferentes países, incluyendo Cuba, durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, frente a los nuevos espacios que comenzaron a abrirse, precisamente como resultado del sacrificio de miles de revolucionarios que ofrendaron sus vidas en los procesos políticos de esas décadas, enfrentados precisamente a los gobiernos que habían cerrado las vías legales a los procesos políticos en sus respectivos pueblos.

 

          Las expresiones de Fidel en su alocución iban dirigidas a plantear que en esta nueva etapa, los revolucionarios también deberíamos mirar las condiciones existentes en nuestros respectivos estados a la hora de identificar los métodos de lucha en cada país. Indicaba que era a partir del análisis de esas condiciones, donde el movimiento revolucionario debería identificar la conveniencia o no de insertarse en otras formas de lucha, incluyendo la electoral, que permitieran el avance de las ideas revolucionarias en nuestros respectivos países.

 

          Con su rigurosidad y autoridad acostumbrada, Fidel hacía también un análisis de las diferencias actuales desde el punto de correlación de fuerzas entre el movimiento revolucionario y el imperialismo, con aquella presente en décadas anteriores.

 

         Ese análisis, tan importante a la hora de postular un programa de lucha política independentista, socialista y anti colonial en Puerto Rico, pienso que aún no ha madurado lo suficiente. Creo que el resultado de muchos de nuestros debates recientes han abonado a que en ocasiones, los moldes de los cuales partimos en nuestras discusiones políticas nos refieran o se limiten a lo que era el proyecto de dominación política estadounidense en Puerto Rico hace cincuenta o sesenta años.   Así, debatimos una y otra vez  sin identificar en el proceso los ajustes hechos por Estados Unidos en sus políticas de dominación; sus proyecciones políticas y económicas en la región; el nivel político actual del desarrollo de la conciencia de los puertorriqueños ante temas como el colonialismo, la auto determinación, o las opciones políticas futuras en su relación con Estados Unidos; las insuficiencias en el modelo económico vigente; los ajustes y reajustes en las correlación de fuerzas entre los sectores populares y el imperialismo a escala internacional, incluyendo dicho sea de paso, el rol que hoy asume América Latina en el espacio geográfico-político-económico del cual formamos parte, y las opciones disponibles para nuestro pueblo.

 

         Me parece, no obstante, que en el pensamiento de Filiberto esta reflexión no estuvo ausente. Si bien en lo que corresponde al concepto de organización que él postuló para el Ejército Popular Boricua, desde el punto de vista de cómo se visualizaba esta organización dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico, éste se mantuvo fiel a una concepción política a partir de la cual rechaza la vía electoral para la consecución de la independencia de Puerto Rico, creo que el compañero Ojeda Ríos sí estuvo dispuesto a considerar la discusión en torno al uso revolucionario del proceso electoral por parte de otros sectores del independentismo.

 

         Salvando la diferencia en cuanto al carácter de la lucha por el poder político en una colonia de lo que es la lucha por el poder político en un país independiente, pienso, también, que la experiencia del proceso bolivariano encabezado por el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, así como los procesos victoriosos en Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua, El Salvador y Uruguay, como también las manifestaciones de otros como Argentina, Chile y Panamá, contribuyeron o  estuvieron presentes en Filiberto cuando abordó la discusión del tema electoral en la entrevista que ofreció a José Elías Torres en septiembre de 2005.

 

         Si nos referimos por ejemplo a lo que podría ser su crítica al Partido Independentista Puertorriqueño en lo concerniente a la participación electoral, en sus expresiones también está presente una reflexión de lo que a su juicio debe ser el rol a desempeñar por  una organización independentista que participe de tal proceso. Veamos los señalamientos que formula Filiberto sobre el uso de la representación parlamentaria independentista en el contexto puertorriqueño:

 

         “...yo veo un partido, una organización que esté involucrada cien por ciento, como organización electoral, que sea en ese lugar donde está, que sea radical. Que haga los planteamientos, en el marco de esa legalidad que están defendiendo, pero que haga los planteamientos que sean radicales, que sean siempre cónsonos con los intereses del pueblo, que no modifiquen absolutamente nada, y que luchen por los intereses del pueblo, que lleven las contradicciones, que lleven los problemas que el pueblo sufre, que agite sobre los problemas que el pueblo sufre. Ahora mismo, con esta situación que se está creando, yo vería una organización independentista, que esté en la Cámara de Representantes, al margen de la Cámara de Representantes, hablándole al pueblo en la calle. Esos mismos líderes hablándole al pueblo en la calle, organizando mítines en la calle, y diciéndole al pueblo en las calles que van a sufrir y que lo que está pasando en esa Legislatura, de la cual ellos son parte, pero que no son, no son integrantes,... o son integrantes,... o no son parte, no se como ponerlo exactamente. Pero el caso es que yo creo que el rol no puede ser ése que están llevando a cabo ahora mismo, peleándose por unos fondos, peleándose por esto, y además, con una luchas de quién manda en la...quien es el que asume la presidencia del Senado, donde, independientemente, pues los independentistas se tienen que ver involucrados en eso también porque ellos son parte del Senado, por lo menos la compañera que está allí. Pero, sí, siempre he entendido que un partido independentista, en un sitio como la Cámara de Representantes, o de la Asamblea Legislativa, tiene que ser radical en sus planteamientos y que verdaderamente su radicalismo lo lleve a la calle...Tienen que tirarse al pueblo y hacerle llegar el planteamiento de posición radical para que vean que la única alternativa es la independencia. Pero entonces tienen que hacer ese trabajo de manera muy organizada, y tienen que masificarse y organizar intensamente para movilizar a sus cuadros a que hagan eso.”

 

         Estas expresiones del compañero ciertamente no descartan, en el caso de otras instancias de lucha independentista que no se plantean la lucha armada como método de lucha, aún con sus limitaciones, el uso revolucionario del proceso electoral.

 

         En lo personal, dentro de un país donde todavía la legalidad sigue siendo percibida como una realidad existente para la inmensa mayoría del pueblo, aún del pueblo independentista, pienso que ese debate debe ser asumido. Repito, debe ser asumido aunque no necesariamente a partir de lo que existe, sino de lo que puede y debe existir en el desarrollo de una nueva visión no excluyente en cuanto a métodos de lucha para el Puerto Rico libre e independiente que deseamos para el mañana.

 

         ¿A qué nos referimos con la anterior aseveración?

 

         Hasta ahora, la experiencia de la participación electoral del independentismo, más allá de la franquicia que hoy ostenta el PIP, se ha pensado fundamentalmente desde el punto de vista de cómo lograr insertar una representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Lo mismo ha ocurrido desde el punto de vista de candidatos independientes de ideología independentista que en algún momento han  impulsado una propuesta electoral sobre bases amplias, no ideológicas y no comprometidas abiertamente con la formulación de una propuesta independentista.

 

          Es como si la utilización del proceso electoral estuviera limitado únicamente a ese tipo de candidaturas nacionales.

 

         En el contexto de la participación del PIP, donde en las pasadas elecciones esta organización ha tenido el beneficio de que, además de la representación obtenida por sus candidatos en la Asamblea Legislativa, también ha contado con el beneficio de una representación legislativa en  las diferentes legislaturas municipales, no hemos visto en dicho partido el desarrollo de un amplio programa reivindicativo desde estas legislaturas municipales, enmarcado en prestar atención coordinada a los problemas comunes de las comunidades en los respectivos municipios donde tienen candidatos electos en las asambleas municipales.

 

         La crisis económica del Puerto Rico que vivimos se manifiesta con toda crudeza no solo en términos nacionales, sino también a nivel de los municipios que constituyen el país. Podemos hablar en términos nacionales  del desempleo, de los índices de pobreza; de la estructura de subsidios en Puerto Rico; de cómo afectan al pueblo las medidas que encarecen el costo de la vida a los ciudadanos; de los niveles de criminalidad y delincuencia en el país, particularmente entre los jóvenes; del tráfico de drogas; del pobre estado de la salud mental de nuestros ciudadanos; de la alta deserción escolar en nuestros jóvenes; de la cultura de violencia generalizada que vivimos en el país; del consumo de alcohol y tabaco en nuestros jóvenes y adultos; de la corrupción en el gobierno; de la ausencia de seguridad en nuestras comunidades; del deterioro de nuestra calidad de vida; de la falta de seguridad en el empleo; de viviendas inadecuadas e infraestructura deficiente; de serios problemas de auto estima individual y colectiva en el puertorriqueño; de abusos a los niños; discrimen contra la mujer; en fin, de muchos otros males sociales que sencillamente detienen el progreso y profundizan la desigualdad entre los diferentes componentes sociales del pueblo puertorriqueño. 

 

         Entre estos problemas se encuentra también la ausencia de una visión de futuro, de un proyecto de país a partir del cual reestructuremos un desarrollo alterno como pueblo.

 

         Si como muestra un botón basta, hace cerca de una década, conforme a la Organización Mundial de la Salud, Puerto Rico mantenía el índice más alto en asesinatos y homicidios en el Hemisferio Occidental (26.7 por cada 100 mil personas). Entre 1990 y 2002 los asesinatos habían ascendido en Puerto Rico a 10,943. Conforme se indica en el “Plan Estratégico para el control de Drogas”, establecido como resultado de la Ley Núm. 3 de marzo de 2001, entre el 75% al 80% de los asesinatos ocurridos en Puerto Rico se relacionaban con la venta de sustancias controladas.

 

          El Lic. Eduardo Villanueva Muñoz, en una ponencia presentada el 16 de noviembre de 2002 ante un Congreso de Criminalidad, indicaba que en un estudio efectuado durante la Administración de Rafael Hernández Colón allá para 1977, se había establecido que entre las causas de la actividad criminal podían identificarse las siguientes: desempleo crónico, alta tasa de divorcios, adicción a drogas y el alcohol, falta de cohesión social y metas comunes a consecuencia de la competencia entre partidos políticos, consumerismo desmedido provocado por los medios de comunicación, alta tasa de deserción escolar y crisis de identidad nacional a causa de la falta de solución al status político de Puerto Rico.

 

         Los datos actuales que confrontamos, lejos de presentar una mejoría de lo que eran tales índices en nuestro país hace dos décadas, demuestran que en Puerto Rico la situación no ha cambiado mucho.

 

          Al presente el 58% de la población, es decir, más de dos millones de personas, viven bajo los niveles de pobreza. A nivel municipal, diferentes resultados obtenidos de estudios realizados en comunidades que actualmente gozan de la cubierta de las disposiciones de la Ley Núm. 1 de 2001, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, reflejan que en las comunidades ya identificadas como “Especiales”, que hasta el presente son 714 y donde convive el 25% de nuestra población, se identifican por sus residentes problemas acuciantes en situaciones tales como: pésimas condiciones de infraestructura en cuanto a viviendas, carreteras y caminos; vertederos clandestinos; depósitos de chatarra; ausencia de facilidades comunitarias; falta de atención a los envejecientes; escasez de medios de comunicación pública como son los teléfonos y ausencia de facilidades recreativas, entre otros.

 

         Desde el punto de vista de problemas sociales mayores, también se identifican en estas comunidades problemas tales como el uso de drogas entre la población; falta de seguridad en los residentes; actividad criminal; desempleo; prostitución; abuso en el consumo de alcohol; delincuencia juvenil; enfermedades contagiosas; pésimas condiciones de salubridad; vandalismo; aglomeración de personas residiendo en viviendas inadecuadas; enfermedades mentales; violencia doméstica; maltrato de menores; embarazos en jóvenes adolescentes; analfabetismo; baja participación en la fuerza de trabajo; desproporción con relación al número de jefas de familia donde la responsabilidad la asume totalmente la mujer; falta de escuelas y centros de cuidado a los niños; en fin, todo un conjunto de áreas desde las cuales podría articularse una línea de trabajo político que movilice al pueblo en pro de sus reivindicaciones inmediatas y donde el independentismo como sector político comience a producir propuestas y alternativas.

 

         Si vinculamos el quehacer político del independentismo en estas comunidades con el conjunto de otras luchas comunitarias  de las cuales participamos tales como aquellas por la defensa del medio ambiente; del fortalecimiento de la cultura; de  la protección de los terrenos agrícolas; el desarrollo de micro empresas que atiendan al problema de la búsqueda de alternativas de empleo en los municipios, no solo para aquellos que son desplazados de la fuerza de trabajo sino también para aquellos que buscan una oportunidad para entrar en ella; por solo mencionar algunas, el independentismo comenzará a vincular su propuesta de independencia con un programa político integral y coherente que a la misma vez atienda sobre la marcha el conjunto de problemas que hoy dificultan elevar las posibilidades de desarrollo de nuestro pueblo.

 

         Creo que en la propuesta de desarrollo de un plan de trabajo dirigido a que el independentismo se inserte en el trabajo de comunidades, de la misma forma que en el pasado hemos intentado vincularnos con el trabajo reivindicativo de los obreros y trabajadores en sus centros de trabajo, podríamos estar planteándonos de cara al futuro un proyecto histórico, aunque nos tome una o dos décadas, para el desarrollo de un proceso de apoderamiento del pueblo. En él, sus intereses inmediatos se vincularían con una solución a largo plazo de los problemas de dependencia y colonialismo que arrastramos. Por eso pienso que una posibilidad que no hemos intentado explorar puede ser el desarrollo de ese potencial a nivel comunitario que pueda a su vez traducirse en poder político electoral a nivel municipal.

 

          Se trata de un proceso en el cual contribuyamos a que el poder legislativo electoral a nivel municipal pase eventualmente a ser ejercido por los representantes de esas comunidades en función de sus luchas reivindicativas del presente y del futuro. Desde esa aproximación al fortalecimiento del poder del pueblo, podríamos estar en una mejor posición para plantearnos el avance hacia otras instancias superiores del poder político.

 

         En todas y cada una de estas luchas puede darse un punto de encuentro entre aquellos y aquellas que postulen y apoyen las más diversas formas o métodos de lucha sin que el debate tenga que producirse desde posiciones antagónicas, desde posiciones donde unos y otros nos cancelemos mutuamente.

 

          Una visión de lucha cívica, legal o electoral no tiene porqué entrar en contradicciones insalvables con el desarrollo de la reserva estratégica que tales luchas deben tener en el contexto de un proceso más amplio de lucha por la independencia y la liberación nacional de nuestro pueblo. De ahí la importancia, repito, la gran importancia de siempre tener la capacidad dialéctica para distinguir la diferencia entre lo que son los “métodos de lucha” y lo que constituye el “método fundamental de lucha” en cada coyuntura, en cada etapa del proceso político.

 

          Tengo algunas ideas adicionales sobre cómo ir estructurando un proceso de esta naturaleza que en algún momento espero pueda compartir con ustedes...  Sin embargo, creo que ya será en otro foro. 

 

         Por ahora, termino esta intervención retomando una expresión de SunTzu cuando nos advierte lo siguiente:

 

 “Así como el agua no retiene una forma constante, así en Estrategia no hay condiciones constantes. Quien puede modificar sus tácticas en relación con su oponente, triunfa a causa de eso.”

 

         Muchas gracias.

 

Alejandro Torres Rivera, abogado laboral puertorriqueño, es profesor del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Secretario de Educación Política del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico.  Es un querido asiduo colaborador de nuestra revista.