Estados Unidos versus Cuba: una espiral de treinta años

 

Ramón Sánchez-Parodi Montoto 

27 de agosto de 2007    

 

 

 

Según se aproxima el  1ro. de septiembre he sido llevado por los recuerdos a repasar lo ocurrido desde que en esa misma fecha, pero treinta años atrás, entraron en funcionamiento sendas llamadas Secciones (u Oficinas) de Intereses en las capitales de  Cuba y de Estados Unidos. El momento es oportuno para ver en retrospectiva los acontecimientos y circunstancias que llevaron a ese acuerdo, sacar conclusiones sobre lo ocurrido desde aquel entonces y elaborar las proyecciones sobre lo que es posible esperar en las relaciones entre ambos países. A ese propósito dedicamos este artículo tomando en cuenta las vivencias personales adquiridas durante una amplia etapa de este proceso.

 

 

Los primeros pasos

 

La firma de este acuerdo fue un importante paso, negociado entre los respectivos gobiernos, por iniciativa de la administración presidida por James Carter y cuyo principal objetivo fue el iniciar un proceso de aproximación que debía llevar, en un plazo relativamente corto, al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países como resultado de la normalización de relaciones oficiales entre las dos naciones.

 

La decisión no fue producto de la casualidad, ni de embullo momentáneo o del voluntarismo personal de uno u otro dirigente. Formó parte de un proceso que respondía a situaciones y condiciones existentes en cada país y en el medio internacional. Revisémoslas brevemente y a grandes rasgos:

 

La situación internacional, como se definía en la época, era candente debido al peligro de una confrontación nuclear entre las dos superpotencias del momento: Estados Unidos y la Unión Soviética, y el movimiento pacifista reclamaba el fin de la carrera armamentista y la eliminación de las armas nucleares. A lo interno de Estados Unidos, el país vivía bajo el llamado “síndrome de Vietnam” y la crisis moral derivada del “escándalo Watergate” que desembocó en la renuncia del presidente Richard Nixon para evitar que el Senado lo imputara y sometiera a juicio. Por su parte, en Cuba se consolidaban las bases de la sociedad socialista. El Partido Comunista de Cuba celebraba su  Primer Congreso, se elaboraba, aprobaba en referéndum y promulgaba la Constitución del  estado socialista y se celebraban las primeras elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y para delegados a los órganos locales. La Revolución Cubana creaba los fundamentos institucionales de la nueva sociedad socialista.

 

No resulta ocioso señalar que en esos momentos la mafia contrarrevolucionaria cubana en Estados Unidos estaba desacreditada por su participación como los connotados “plomeros” del Watergate y que su empleo contra Cuba por parte del Gobierno norteamericano se había reducido luego del cierre de la gigantesca estación de la CIA que funcionaba en Miami, debido a los reiterados fracasos de las operaciones paramilitares de ataques piratas, espionaje e infiltraciones con fines subversivos desarrolladas contra Cuba.

 

A pesar del estricto bloqueo, de la política de aislamiento y de las pertinaces agresiones armadas contra Cuba impuesto en unos casos y promovidas en los otros por el gobierno de Estados Unidos, la Revolución Cubana logró  desarrollar vínculos con importantes sectores de la sociedad norteamericana y, particularmente, con los elementos de la llamada “nueva izquierda” enfrascados desde la década de los años 60 en la lucha por los derechos civiles, contra la discriminación racial y contra las agresiones bélicas a Vietnam. Ya a finales de la década citada, estos vínculos fructificaron en la organización de la Brigada Venceremos como expresión concreta de la solidaridad del pueblo norteamericano con los esfuerzos del pueblo cubano para construir una sociedad socialista.

 

Pero los vínculos también se extendieron  a otros sectores  activos en la política norteamericana. Primero fueron los llamados “liberales radicales”, críticos del poder imperial norteamericano y de la actuación de sus órganos de  dominación y, por lo tanto, contrarios a la política de bloqueo y a las agresiones armadas  contra Cuba organizadas y dirigidas por los órganos de espionaje y acciones paramilitares del gobierno de Estados Unidos.

 

Como resultado de esos nexos, también se establecieron contactos con figuras importantes del “establishment” norteamericano, entre los cuales merecen especial mención los senadores George Mc Govern (candidato a la presidencia por el Partido Demócrata en 1972) y James Abourezk; no fueron los únicos, pero si deben contarse entre los precursores y mas consecuentes promotores de la eliminación de la política de agresión contra Cuba establecida por los órganos del poder imperial norteamericano.

 

La posición coincidente de estos sectores, el ambiente existente a nivel internacional, la situación y condiciones en Cuba y en Estados Unidos fueron el caldo de cultivo que generaron el impulso necesario para retomar los contactos oficiales entre ambos países.

 

No resulta un secreto que en Cuba estas acciones de acercamiento hacia representantes de lo más sano de la sociedad norteamericana contaron con la inspiración, guía y activa participación del Comandante en Jefe, Fidel Castro.  El papel primordial y fundamental jugado por Fidel  a lo largo de todo este proceso es ejemplo vivo de un pensamiento rector de la política de la Revolución: nuestra acción está dirigida contra la política imperial norteamericana y no contra su pueblo y sus tradiciones democráticas;  profesamos amistad plena y absoluto respecto hacia el pueblo norteamericano. 

 

 

La iniciativa de Henry Kissinger

 

Es en esas circunstancias que a finales de junio de 1974, en ocasión de la visita a Cuba de un equipo de periodistas integrado por Frank Mankiewicz, Kirby Jones y Saul Landau, los cuales visitaron Cuba en esa y en dos ocasiones posteriores para entrevistarse con Fidel de lo cual se derivaron programas de televisión, entrevistas en revistas y un libro, se recibió un mensaje escrito pero no firmado del entonces Secretario de Estado  Henry Kissinger en el cual proponía llevar a cabo conversaciones confidenciales para buscar la normalización de las relaciones entre ambos países, argumentando que aunque Cuba y Estados Unidos tenían regímenes sociales y políticos distintos y que discrepábamos en cuanto a los principales temas de carácter internacional, no era razón para mantener un estado de hostilidad perpetua entre ambos países   Al tomar en cuenta que la propuesta estaba expresada en términos respetuosos, que no se establecían precondiciones de ningún tipo y que razones históricas y geográficas, así como los propios intereses de Cuba y de Estados Unidos determinaban que en algún momento debían existir algún tipo de relaciones oficiales entre ambos países, el Gobierno cubano respondió positivamente a la propuesta norteamericana. Era también una fórmula para deshacer una situación de tensiones y conflictos y contribuir a hacer avanzar la causa de la paz y la estabilidad en el mundo y en ese sentido Cuba estaba en disposición de hacer su parte, manteniendo imbatible la defensa de su derecho a la independencia de la Nación, la soberanía de su Estado y de su sociedad y la integridad de su territorio nacional.

 

Durante los siguientes catorce meses, hasta agosto de 1975, por primera vez desde la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en enero de 1961, se produjeron contactos directos entre representantes de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, incluyendo dos sesiones entre los representantes de cada gobierno formalmente designados, el ya fallecido Lawrence Eagleburger y el autor de este artículo. Estados Unidos tomó algunas medidas simbólicas como la de “permitir” a subsidiarias norteamericanas en terceros países  el comercio con Cuba  como prenda de buena voluntad, pero sin llegar a ningún acuerdo sustancial. En este período puede destacarse la única resolución adoptada en la XVI Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, celebrada el 29 de julio de 1975 en San José, Costa Rica, para “dejar en libertad a los estados partes del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para que de acuerdo con la política e  intereses nacionales de cada uno, normalicen o conduzcan las relaciones con la República de Cuba al nivel y en la forma que cada Estado considere conveniente”. De esa forma y con la actuación tras el telón de Estados Unidos (que el año anterior había votado en contra de una resolución de igual tenor), se eliminaba la obligación de actuar de manera multilateral en la aplicación de las sanciones contra Cuba establecidas por la OEA. Aunque un grupo de estados latinoamericanos y caribeños habían hecho caso omiso de esa estipulación; esta era una  formalidad que necesitaba Estados Unidos para “cubrirse las espaldas” caso se “filtrase” la noticia de las conversaciones confidenciales con Cuba.

 

Lo cierto es que, a pesar de ello, pocos días después las autoridades norteamericanas comunicaron a la parte cubana que no continuarían los contactos bilaterales. Adujeron como causa el apoyo ofrecido por Cuba a la causa de la independencia de Puerto Rico dentro del Comité de Descolonización de la ONU. Posteriormente, y como esa excusa era poco plausible, las autoridades norteamericanas han ofrecido otra explicación: la ayuda de Cuba a la independencia de los países africanos, especialmente a Angola. Por mi parte opino que la verdadera razón era el temor del entonces presidente Gerald Ford de que cualquier noticia que se diera a conocer sobre los contactos con Cuba, afectaría sus posibilidades de ser nominado como candidato del Partido Republicano a la presidencia de la República en las elecciones de noviembre de 1976, en lo cual tenía como rival a Ronald Reagan, quien contaba con el apoyo de la llamada “Nueva Derecha” norteamericana. Cuando he discutido ese aspecto con los propios funcionarios norteamericanos involucrados en la decisión, no han objetado mi análisis; antes bien, lo han aceptado.

 

 

 

Las buenas intenciones de Jimmy Carter

 

Tanto el sector que apoyaba a Ford como el que apoyaba a Carter hicieron llegar a Cuba mensajes de la disposición a reanudar los contactos bilaterales con Cuba después de las elecciones de 1976. Había una diferencia fundamental: el grupo de Ford se inclinaba a mantener el mismo nivel de confidencialidad aplicado desde 1974, mientras que Carter  prefería un proceso público, tal como propuso después de asumir la presidencia en enero de 1977.

 

La formula de “Secciones de Intereses” propuesta por el gobierno de Estados Unidos replicaba la ya empleada y que condujo a la normalización de relaciones de ese país  con Argelia e implicaba la acreditación de diplomáticos de cada país en la capital del otro para cubrir las plazas de las secciones que en las Embajadas de la entonces Checoslovaquia socialista en Washington y de Suiza en La Habana, representaban, respectivamente a Cuba y a los Estados Unidos de América. Como esas “secciones” tendrían sus sedes en los edificios que ocuparon en sus momentos las Embajadas de dichos países en el Malecón habanero y en la calle 16 del Suroeste del Distrito de Columbia, a pocas cuadras de la Casa Blanca, y  desempeñarían las mismas funciones inherentes a  una Embajada, en la práctica se trataban de representaciones diplomáticas con todos sus atributos, pero sin tener el rango diplomático de tales misiones ni poder izar sus respectivos pabellones nacionales.

 

El acuerdo se alcanzó bajo un criterio común tácito de lograr la normalización de relaciones en un plazo relativamente breve, quizás durante los cuatro años de la presidencia de James Carter. La primera medida tomada por Carter luego de asumir la presidencia y aún antes del establecimiento de las Secciones de Intereses, fue la eliminación de la impopular medida de bloqueo que prohibía a los ciudadanos norteamericanos  el uso de sus pasaportes para viajar a Cuba. La medida conllevó al establecimiento de vuelos especiales entre La Habana y Nueva York y Miami y a la autorización de transacciones financieras en dólares entre entidades financieras de Cuba y de Estados Unidos. También se acordó, en diciembre de 1977, la firma de un Acuerdo Gubernamental estableciendo los límites marítimos entre Cuba y Estados Unidos, el cual ha estado en vigor de forma provisional hasta la fecha. A influjos de esta política se desarrollaron intensos vínculos entre importantes empresas norteamericanas y sus contrapartes cubanas; se llevaron a cabo intercambios de carácter académico, artístico y cultural (el Ballet Nacional de Cuba llevó a cabo funciones en el Kennedy Center for the Performing Arts en la capital norteamericana y Billy Joel actuó en el teatro Karl Marx de la capital cubana), los representantes de la prensa norteamericana vieron incrementadas sus posibilidades de acceso a la realidad cubana, aunque no siempre actuaron con la debida objetividad.  

 

Sin embargo, los hechos no confirmaron la expectativa en cuanto a la normalización de las relaciones. Una razón fundamental fue la debilidad intrínseca de la nueva Administración como resultado de haber sido Carter un candidato de transacción entre diferentes grupos demócratas y contar por ello con tenue respaldo dentro de las propias filas demócratas. Esa situación se reflejó en los asuntos de la política internacional con las contradicciones constantes entre el equipo conservador y reaccionario del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski y el del Secretario de Estado, Cyrus Vance con posiciones más liberales. Tampoco en el Congreso tuvo Carter un apoyo decidido; su primera gran batalla en el Congreso en su primer año de gobierno, fue la lucha por la ratificación legislativa a los acuerdos Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá. Fue tan fuerte la pugna que la aprobación del Congreso se logró voto a voto, reservando algunos congresistas su voto a favor a que fuesen de vital necesidad para la aprobación, debido al temor de que si lo hacían a favor ello pondría en peligro sus posibilidades de ser reelectos en las siguientes elecciones congresionales.     

 

Tres fueron los temas principales en los cuales se estancaron las posibilidades de normalización de las relaciones: los derechos humanos (convertido por el propio Carter en su himno de batalla personal en el ámbito mundial, con la particular visión misionera norteamericana sobre el asunto), el apoyo cubano al movimiento de liberación nacional en África (especialmente lo referido al África Austral –Angola, Namibia, Sudáfrica),  el respaldo de Cuba a las fuerzas revolucionarias y progresistas en América Latina (en este ámbito se destacaban dos cuestiones: la lucha contra Somoza en Nicaragua y contra Pinochet en Chile).

 

En estas circunstancias, elementos norteamericanos reaccionarios y conservadores contrarios a la normalización de relaciones con Cuba, actuaron reiteradamente fabricando, falsificando y exagerando hechos sobre una supuesta política agresiva de Cuba, especialmente cada vez que se producía alguna situación que podía favorecer el proceso de normalización.

 

 Así  se produjo en noviembre de 1977 una campaña iniciada por un artículo en el New York Times sobre un supuesto fortalecimiento de la capacidad militar cubana en distintos países africanos; o se “descubrió” en septiembre de 1979 la presencia militar de la Unión Soviética en Cuba; o se acusó a Cuba en mayo de 1978 (horas antes de un encuentro entre el Secretario de Estado Cyrus Vance y el Vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez) de haber organizado la invasión a la provincia de Shaba en Zaire de gendarmes de Katanga. (Fue sorprendente para la parte cubana que Vance enrojeciera de vergüenza cuando  Carlos Rafael le mencionara esta falsa acusación, de la cual Vance no sabía nada). Hay muchos otros ejemplos de este tipo de actuación, sobre lo cual no nos es posible extendernos en estos momentos, pero que indican claramente la intención de determinados sectores en sabotear el proceso en curso con vistas a la normalización de relaciones. 

    

Subyacente en estas contradicciones estaba la errónea interpretación norteamericana de que Cuba actuaba en África y en América Latina en función de los intereses de la Unión Soviética –falsedad que la propia historia se ha encargado de desmentir fehacientemente. Como desprendimiento del tema de los derechos humanos la contradicción giraba hacia la situación de los llamados presos políticos en Cuba y otras relativas a las posibilidades de emigración de cubanos hacia Estados Unidos  y de la reunificación entre los emigrados cubanos y sus familiares en Cuba.

 

Vale la pena destacar que la mafia contrarrevolucionaria anticubana en Estados Unidos, como ya dijimos desprestigiada por su participación en el escándalo Watergate y las sospechas (luego confirmadas) de haber participado en el asesinato en lugar céntrico de Washington de Orlando Letelier, carecía de apoyo efectivo de las autoridades norteamericanas y su papel fue fundamentalmente en la ejecución de acciones terroristas contra involucrados en el proceso de normalización, incluyendo la colocación de bombas  en instalaciones cubanas y norteamericanas y el asesinato de personalidades tales como Carlos Muñiz, Eulalio Negrín y el diplomático cubano ante Naciones Unidas, Félix García.

 

El gobierno de Carter sí vio con buenos ojos y apoyó con medidas prácticas el diálogo entre elementos representativos de la comunidad cubana y el gobierno de Cuba, convocado por las autoridades cubanas, que se desarrolló a finales de 1978. El camino al Diálogo tuvo un predecesor importante en la actividad y las posiciones favorables a la Revolución Cubana de la Brigada Antonio Maceo, compuesta por jóvenes cubanos  que habían salido de Cuba después de 1959, algunos de ellos, como sujetos de la Operación Peter Pan, ejecutada por jerarcas de la Iglesia Católica en contubernio con la CIA.

 

En esa ocasión, en forma paralela pero no integrante de las negociaciones con Estados Unidos, Cuba tomó importante medidas, sobre todo para facilitar los contactos entre cubanos residentes dentro y fuera del país y para la excarcelación de individuos presos por razones de índole política en Cuba, en el entendido de que las autoridades norteamericanas, a solicitud de los emigrados cubanos, aceptaran otorgar las visas, tanto a los presos liberados como a los familiares que deseasen acompañarlos en la emigración.

 

Como resultado del Diálogo, se incrementaron de manera sustancial durante 1979 las visitas entre cubanos en Cuba y en Estados Unidos, así como las comunicaciones telefónicas y postales entre ambos países. Sin embargo, la renuencia de las autoridades norteamericanas para apoyar con medidas concretas los resultados del Diálogo, a pesar de las constantes advertencias de las autoridades cubanas, incluyendo las del propio Comandante en Jefe Fidel Castro,  fue utilizada por elementos terroristas y contrarrevolucionarios contrarios a la normalización de relaciones para provocar actos de violencia contra sedes diplomáticas acreditadas en La Habana que ocasionaron incluso muertes de custodios de dichas sedes y desembocaron finalmente en los sucesos de la Embajada de Perú y el puente marítimo abierto entre Mariel y Florida, complicando la situación  entre ambos países y la propia aceptación del presidente Carter ante la opinión pública norteamericana debido a sus declaraciones desatinadas y la forma irresponsable en la que el gobierno de Estados  Unidos actuó  frente a esos sucesos.

 

James Carter no consiguió reelegirse para un nuevo mandato y fue derrotado por abrumadora mayoría de votos por el conservador Ronald Reagan, apoyado por los elementos más reaccionarios de la sociedad norteamericana. El factor de último momento que más influyó en la derrota de Carter fue su inhabilidad para lograr la liberación de los norteamericanos mantenidos como rehenes en Teherán. Hasta último momento la Administración Carter estuvo pugnando para llegar a un acuerdo con el gobierno de Irán, pero el fracaso en lograrlo sólo contribuyó a aumentar su descrédito ante los electores. Numerosos analistas y políticos norteamericanos son de la tesis (que el autor de este artículo suscribe) de que  elementos republicanos montaron contactos paralelos secretos  con representantes iraníes para impedir que la Administración de Carter pudiese llegar a un acuerdo con Irán para la liberación de los rehenes, socavando así la actuación del gobierno de Estados Unidos. Otros refutan esa tesis; lo cierto es que fui testigo presencial, en el Capitolio Nacional del Distrito de Columbia, durante la toma de posesión de Ronald Reagan de que en el preciso momento en que juró su cargo, se produjo el anuncio de la liberación de los rehenes. Se había soltado la piedra que hundió la presidencia de Jimmy Carter.

 

Había concluido el breve intervalo liberal entre los gobiernos más o menos conservadores que han dominado el escenario político norteamericano desde la elección de Richard Nixon en 1968 hasta nuestros días. Y los gobiernos que se sucederían no tendrían una favorable actitud hacia Cuba; por el contrario, retrocederían a las posiciones agresivas adoptadas a partir del triunfo de la Revolución.

 

 

Ocho años en marcha atrás con Ronald Reagan

 

La Administración Reagan puso todo su empeño en lograr la destrucción de la Revolución Cubana, abandonando los intentos de normalización de relaciones que se habían estado desarrollando desde 1974, pero evitó dar el paso de cerrar las comunicaciones oficiales directas con el gobierno de Cuba en las cuales la existencia de las Secciones de Intereses era un canal y un símbolo que daba un mensaje a la comunidad internacional sobre la supuesta voluntad de encontrar soluciones pacíficas al diferendo entre ambos países, aunque en el caso de la nueva Administración norteamericana las palabras y los hechos desmentían esta intención.  

 

La esencia de esa política puede hallarse en los argumentos esgrimidos por Alexander Haig, Secretario de Estado de Ronald Reagan desde enero de 1981 hasta su renuncia el 25 de junio de 1982. A decir de Haig, la estabilidad de Estados Unidos estaba amenazada por diferentes problemas y había que destruir las fuentes de los mismos; Cuba era una de esas fuentes. En el terreno militar se puso de moda el concepto norteamericano de los “conflictos de baja intensidad”.

 

Como el jugador tramposo que tira lejos un dado para distraer la atención y arreglar a su conveniencia el otro, la Administración Reagan intentó culpar a Cuba por la inestabilidad en este hemisferio, sin reconocer la responsabilidad del propio gobierno de Estados Unidos debido a su política antipopular de promover las represivas dictaduras militares y de entregar dinero fácil a bajos intereses que luego, al agotarse los petrodólares, fueron fuertemente incrementados, provocando la crisis de la deuda externa, el fracaso de los regímenes militares a los cuales se oponía una amplia resistencia nacional e internacional y sumió a la región en lo que fue adecuadamente llamada “la década perdida”.

 

En las nuevas circunstancias, los representantes cubanos tanto en Cuba como en Estados Unidos actuaron, por supuesto, sobre las mismas bases en que la Revolución Cubana lleva a cabo su política internacional: ser honestos en todo momento, indoblegables en la defensa de los principios y, al mismo tiempo, actuar con la amplitud de mente y creatividad a fin de encontrar soluciones a los problemas bilaterales que sean aceptables y beneficiosos para ambas partes.  En definitiva, es inherente a la función diplomática, especialmente en el caso de representantes de una nación revolucionaria como la cubana, ser firmes, cordiales y flexibles; como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. La justeza de esta actuación se pondría a prueba y saldría incólume en las confrontaciones futuras. En el  diferendo oficial con Estados Unidos, Cuba nunca ha sido contraria al diálogo, siempre que sea en condiciones justas, de respeto y equitativas.

 

Como en Estados Unidos existía un fuerte estado de opinión a favor de  normalizar relaciones entre ambos países la nueva Administración necesitaba desarrollar y fortalecer corrientes que se opusieran a ese curso de acción. El mejor recurso del cual pudo echar mano fue la mafia anticubana. Para ello se propusieron convertir a la Fundación Nacional Cubano Americana en el principal cabildero a favor de dicha política. Un integrante del equipo de política exterior de Reagan fue enviado a Miami por Richard V. Allen (asesor de política internacional de Reagan entre 1977 y 1981 y después su primer asesor para seguridad nacional) para entrevistarse con Jorge Mas Canosa y compañía. A partir de los entendimientos allí alcanzados la Fundación comenzó su trabajo como cabildero oficioso de la Administración en la promoción de la política norteamericana hacia Cuba. Para estos propósitos la Fundación contó con la asesoría y guía de Bernard Barnett, destacado integrante del más importante grupo de presión israelita en Estados Unidos, el American Israel Public Affairs Committee.

 

Durante el primer término presidencial de Ronald Reagan la política de Estados Unidos hacia Cuba se caracterizó por una combinación de acciones agresivas militares, de presiones y amenazas políticas, y de recrudecimiento del bloqueo paralizando o dando marcha atrás a los pequeños avances que se habían materializado durante el gobierno de James Carter.

 

Ya a fines de  septiembre de 1981, el presidente Reagan firma la orden Ejecutiva 12323 creando la llamada Comisión Presidencial para la Radiodifusión a Cuba, organismo encargado de establecer la mal llamada Radio Marti, radiodifusora subversiva que además violaba los compromisos contraídos por Estados Unidos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La medida había sido incluida en el llamado Documento de Santa Fe (“Una Nueva Política  Interamericana para los Ochenta”) preparado por el Comité de Santa Fe, afiliado al Council for Interamerican Security, “tanque pensante” de la “Nueva Derecha” quienes trataron y lograron a veces influir en las acciones de política exterior de la Administración Reagan. Debido al  carácter agresivo y subversivo de la pretendida emisora anticubana el proyecto encontró fuerte oposición en el Congreso y no fue hasta 1983 que fue aprobado por el Poder Legislativo y aún así, su entrada en funcionamiento demoró hasta el 20 de mayo de 1985, ya durante la segunda administración de Reagan.

 

Estados Unidos comenzó a ensayar una eventual agresión militar a Cuba con prolongados y amplios ejercicios militares en el Caribe y las cercanías de Cuba que se desarrollaron sucesivamente en 1981, 1982 y 1983. Se produjo la provocación  de la reanudación de los vuelos de los aviones espía SR-71 y la invasión a Granada en octubre de 1983, donde más de 20 cubanos perdieron la vida a manos de las tropas de Estados Unidos. Esta vía de acción corría paralela a presiones y amenazas de carácter político intentando que Cuba  abandonase los principios fundamentales de su política exterior y siguiese los dictados de Washington: romper vínculos con la Unión Soviética, descontinuar la ayuda solidaria al gobierno de Nicaragua, cesar todo apoyo al FMLN de El Salvador, poner término a la ayuda militar al gobierno del MPLA en Angola.

 

El gobierno cubano reaccionó con energía ante estas intrigas, denunciando ante miembros del Congreso norteamericano, en sectores políticos, religiosos y  académicos, en los medios de prensa norteamericanos, cubanos e internacionales las intenciones agresivas de Estados Unidos. Pero, sobre todo, con el fortalecimiento de las capacidades defensivas del país. La concepción de la Guerra de Todo el Pueblo y la realización de los ejercicios militares Bastión constituyeron claros ejemplos de la decisión cubana de enfrentar hasta sus últimas consecuencias una agresión militar norteamericana. Cuba no podía actuar a la ligera en este terreno. Siendo Secretario de Estado, Alexander Haig tuvo la osadía de presentar a Reagan una propuesta formal para lanzar un ataque militar contra Cuba y advirtió al entonces Canciller de México y al Embajador de la URSS en Washington que era inminente un ataque norteamericano contra Cuba. Reagan no quiso acompañar a su belicoso Canciller (autotitulado “vicario” de la política exterior norteamericana) en la aventura y desautorizó el plan.

 

La única acción positiva que puede reconocerse a Reagan durante su primer mandato fueron las declaraciones públicas contra las acciones terroristas anticubanas y el enjuiciamiento de uno que otro terrorista de origen cubano; en realidad no le interesaba a la Administración que ese sector desarrollara por su cuenta actividades paramilitares y subversivas contra Cuba; sus ojos estaban puestos en una agresión militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra Cuba. El papel asignado a la mafia anticubana era servir de enmascaramiento político de la agresión militar.

 

Lo que sí hizo la Administración fue intensificar las acciones de espionaje en territorio cubano a través de la Sección de Intereses Estados Unidos. Estas prácticas fueron ampliamente denunciadas y divulgadas por Cuba en los medios de prensa, con abundante e irrefutable documentación probatoria del abuso del status de sus diplomáticos. Hay que señalar que Cuba sólo hizo públicas las denuncias después de haber advertido reiteradamente por vía oficial confidencial sobre estos hechos a la parte norteamericana.

 

En los días finales del primer término presidencial de Reagan, el 14 de diciembre de 1984, los montes parieron un ratón: un acuerdo migratorio por el cual se pretendía poner fin a la situación anómala que condujo al flujo migratorio por el Mariel. El asunto se había estado debatiendo a intervalos durante cuatro años, tanto con la Administración Carter como con la de Reagan. Sin  embargo, el acuerdo no tuvo ningún resultado concreto porque Estados Unidos incumplió con el compromiso de facilitar las visas de entrada a Estados Unidos de veinte mil cubanos por año.

 

Reagan había sido electo para un segundo mandato por una abrumadora mayoría. Se encontraba en la cima de la popularidad. A pesar de un desempeño intelectual mediocre y de cierta fama de holgazanería en el desempeño de su cargo (se le conocía popularmente como la presidencia “teflón” -porque nada se le pegaba-  y el presidente de 9 a 5 –como alusión a sus hábitos de trabajo-), gozaba de un alto nivel de aceptación y popularidad en amplios sectores de la población. Se le acreditada con haber elevado el prestigio internacional de Estados Unidos y recuperado la economía. Junto con la Primera Ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher ponían en primer plano a nivel mundial las ideas conservadoras. Por otra parte, en la Unión Soviética se comenzaban a advertir las señales del deterioro que desembocarían en pocos años en la desintegración de esa gran potencia y el derrumbe del campo socialista   

 

Aunque para el gobierno de Cuba, su actuación soberana en el ámbito internacional, incluyendo las acciones solidarias en otras regiones del mundo, nada tenían que ver con las relaciones bilaterales o ser tratadas como tema de negociación con Estados Unidos, lo cierto es que obcecada por su hostilidad hacia toda acción de la Revolución Cubana, la Administración se negaba a aceptar la posibilidad de resolver por la vía de las negociaciones, como Cuba había propuesto al más alto nivel, la candente situación en el África Austral provocada por la agresión sudafricana a Angola, la ayuda a la UNITA y la ilegal ocupación sudafricana del territorio de Namibia en violación de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

 

Mientras por un lado Estados Unidos votaba a favor de esas resoluciones, por el otro alentaba a Sudáfrica a continuar con  sus acciones. Estados Unidos ideó la práctica del “compromiso constructivo” (constructive engagement) con Sudáfrica e inventó el concepto de “vinculación” (linkage) según el cual el cumplimiento por Sudáfrica del cese de su presencia en Namibia debía producirse simultáneamente con la retirada del contingente militar cubano en Angola.

 

Fue sólo después de la derrota de las tropas sudafricanas en Cuito Cuanavale, el 23 de marzo de 1988, y del avance impetuoso de cubanos y angolanos hacia las fronteras con Namibia y Sudáfrica que Estados Unidos reconoció la imposibilidad de cumplir con los objetivos que se habían propuesto y “convenció” a Sudáfrica de entablar negociaciones con Angola y Cuba (cuya participación era rechazada por Estados Unidos) para hallar una solución al conflicto. Los acuerdos se alcanzaron rápidamente; en las negociaciones sostenidas en Cabo Verde  en julio, Sudáfrica acepto retirar sus tropas de Angola para el 1ro de septiembre de ese año.

 

El 22 de diciembre en Nueva York se firmaron los acuerdos sobre el África Austral mediante los cuales Sudáfrica aceptaba y reconocía la independencia de Namibia. Cuba se comprometía a retirar su contingente militar de Angola en un plazo de 27 meses. Esta vez Estados Unidos no pudo excluir a Cuba de la solución del conflicto ni cumplir su deseo de ver los soldados cubanos expulsados de Angola. El conflicto había durado más de 14 años, provocado por la obstinada política norteamericana de destruir la independencia de Angola, impedir la de Namibia  y defender los intereses del régimen segregacionista de Pretoria.

 

El deseo obsesivo de la Administración Reagan de destruir la Revolución también prolongó el conflicto en Centroamérica por el apoyo dado por Estados Unidos al régimen genocida de El Salvador y a la contrarrevolución en Nicaragua. Aunque lo más lamentable de esta política fueron los cruentos sufrimientos ocasionados a la población y las innumerables muertes, lisiados y torturados en esos conflictos.

 

Otra consecuencia fue el llamado escándalo “Irán-Contra” que sólo no ocasionó la debacle de la presidencia de Reagan  debido al interés de la clase gobernante norteamericana en preservar sus símbolos y representantes del poder en un momento en que avizoraban (1986) la posibilidad de la desintegración de la URSS y la destrucción del campo socialista. En estas ilegales y delictivas operaciones jugaron un papel importante terroristas contrarrevolucionarios cubanos vinculados a la CIA (y a la Casa Blanca) como Luis Posada Carriles y Félix Rodríguez. Un objetivo de esa política de la Administración era, según había predicado Alexander Haig, confrontar a Cuba y “hacerle pagar el precio” por lo que calificaba como “política aventurera”.

 

 

Los sepultureros de una buena intención (Bush, la mafia cubana y Torricelli)

 

Cuando George H.W. Bush sucede a Reagan en la presidencia de Estados Unidos en enero de 1989, cualquier perspectiva de normalización de relaciones con Cuba estaba muerta. La Administración Reagan se había encargado de revertir el proceso iniciado por Carter, y el presidente Bush, padre, siguió encaminado en esa dirección. Si Reagan mató la normalización, Bush y sus aliados fueron los sepultureros.

 

Su mandato (1889-1993) coincide con la desintegración del campo socialista y la disolución de la Unión Soviética. Se proclama no solamente el fin de la “Guerra Fría”, sino que un “ideólogo” afirmó que era el “fin de la historia”. En medio de esa euforia del poder imperial, el gobierno de Bush, lejos de abrirse a una política de colaboración internacional, reafirma su intención de imponer el poder hegemónico unipolar de Estados Unidos. Fue la época del Consenso de Washington cuyas concepciones neoliberales se intentaron imponer en la América Latina y el Caribe con desastrosos resultados. La Iniciativa para las Américas de Bush no corrió mejor suerte.

 

La actitud prepotente de los círculos neoconservadores norteamericanos se impuso en las relaciones con Cuba. Casi en las postrimerías de su mandato, en el discurso ante la convención del Partido Republicano aceptando la nominación como aspirante a un nuevo período presidencial en las elecciones de noviembre de 1992, Bush afirmó: “Espero ser el primer presidente de Estados Unidos que visite una Cuba libre y democrática”. En realidad tenía la falsa ilusión de presidir la restauración de la dominación norteamericana sobre Cuba pero no tuvo siquiera la ocasión de lamentar su injustificado optimismo porque perdió las elecciones.

 

Entre las más importantes acciones directas de la Administración Bush contra Cuba deben señalarse la promulgación de la Ley Torricelli, la cual define que “la política de Estados Unidos tiene que a) ser la búsqueda de una transición pacífica a la democracia y la reanudación del crecimiento económico a través de la cuidadosa aplicación de sanciones dirigidas al gobierno de Castro y el apoyo al pueblo cubano.” Aparte del hipócrita y mendaz lenguaje, al ser una ley del Congreso, esta definición ordena al Presidente de la Nación que actúe para el cambio de gobierno en Cuba y no con vistas a la normalización de las relaciones con el Gobierno cubano.

 

Otra acción en la que se destacó la Administración de Bush fue en las reiteradas campañas sobre la supuesta violación de derechos humanos en Cuba, sobre todo en la etapa precedente a las reuniones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con el doble propósito de minar el prestigio internacional de la Revolución Cubana y sentar bases para una eventual intervención en Cuba bajo cobertura internacional. No menos significativa fue la decisión de Bush de indultar al terrorista Orlando Bosch, consecuente con sus largos años de vinculación con los elementos terroristas cubanos reclutados y preparados por la CIA y radicados en Estados Unidos.

 

La invasión norteamericana a Panamá (la más grande operación militar ejecutada por Estados Unidos desde la guerra en Vietnam), lanzada por Bush con el pretexto de derrocar y capturar al general Manuel Noriega, tenía como uno de sus fines amenazar a Cuba, castigarla y humillarla por su apoyo a las posiciones antiimperialistas del pueblo panameño. Durante la ocupación militar del territorio panameño, la soldadesca norteamericana se ocupó sistemáticamente de ejecutar provocaciones contra la representación diplomática cubana en ese país. Igual intención se perseguía con el apoyo oficial norteamericano a los elementos contrarrevolucionarios en Nicaragua  y al gobierno genocida de El Salvador en su enfrentamiento a las fuerzas del FMLN.

 

El mandato del presidente Bush pasó a “peor gloria” bajo el influjo de la insatisfacción de los sectores conservadores archirreaccionarios por no continuar las acciones bélicas hasta la deposición de Saddam Hussein cuando la Guerra del Golfo en 1991 y de la defraudación sentida por los sectores populares por la decisión del Gobierno de mantener una política de altos gastos militares para respaldar la aspiración de imponer la hegemonía mundial, en lugar de limitar esos gastos y revertir los recursos que quedaran disponibles, como “dividendo de la paz”, en la satisfacción de las necesidades de los sectores más desprotegidos.

 

 

Clinton, un neoconservador bajo fuertes presiones

 

Es usual oír a un norteamericano opinar que nada hay más parecido a un político republicano que un político demócrata. Uno y otro partido carecen de una definida y diferenciada  base programática al estilo europeo o latinoamericano, sus estructuras partidistas no responden a una dirección resultante de liderazgo  parlamentario, sino de caciques políticos locales y se activan fundamentalmente para la participación en las elecciones como etiquetas apropiadas para repartir cuotas de poder entre la elite gobernante. Más peso tiene la división entre conservadores y liberales en sus distintos matices. A Bill Clinton se le define como el primer presidente neoconservador (1993-2001).

 

Durante los dos mandatos presidenciales de Bill Clinton, la política de su administración hacia Cuba sufrió altas y bajas según las circunstancias electorales y de que sector del espectro político norteamericano soplaran las presiones, pero en su proyección estratégica siempre se encaminó en intentar restablecer la influencia norteamericana en Cuba de manera similar a la actuación de sus predecesores republicanos.

 

El 26 de febrero de 1996, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Mike Mc Curry expreso que “nuestra política hacia Cuba está definida por la Ley por la Democracia en Cuba” (Ley Torricelli)… una estrategia con objeto de forzar los tipos de cambios en Cuba que los encamine hacia la economía de mercado y la democracia”.

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En ningún momento, al contrario de la sucedido durante la Administración Carter, hubo intento serio de reiniciar un proceso de discusiones con vistas a la normalización de relaciones, a pesar de que hubo contactos confidenciales de alto nivel entre representantes de ambos gobiernos para tratar sobre las relaciones bilaterales y hasta el escritor Gabriel García Márquez sostuvo conversaciones con el propio Clinton y altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la búsqueda de un clima para facilitar un proceso hacia la normalización de relaciones entre ambos países.

 

Ya desde la campaña electoral cuando aspiraba a ser electo presidente, Clinton dejó traslucir lo que sería su posición. Cuando Bush, como presidente y aspirante a la reelección, mostró algunas dudas acerca de firmar la anticubana Ley Torricelli (Ley por la Democracia en Cuba), Clinton trató de sacar ventaja política del hecho declarando que él sí firmaría la mencionada ley. Rápidamente Bush le quitó esa carta de la mano a Clinton y la firmó. Al endosar esta ley, Clinton se estaba afiliando a una política ingerencista y de imposición  extraterritorial de las leyes norteamericanas.   

 

La primera crisis entre Estados Unidos y Cuba bajo la Administración de Clinton se produce en agosto de 1994, como resultado de los disturbios ocurridos en La Habana a consecuencia de los obstáculos puestos por el Gobierno norteamericano al otorgamiento de visas a los aspirantes a emigrar a Estados Unidos y el aliento a las salidas ilegales. La actitud firme y serena de Cuba al reclamar de Estados Unidos una solución constructiva al problema creado y permitir la salida hacia Estados Unidos por sus propios medios a todos los que quisieran emigrar (si Estados Unidos no adopta una actitud responsable para cuidar sus fronteras, esa no es una tarea que corresponde a Cuba) obligó a la Administración de Clinton a entablar negociaciones con Cuba que resultaron en la firma el 9 de septiembre de 1994 de un memorando  contentivo de compromisos de ambas partes para normalizar el flujo migratorio. Meses después, el 2 de   mayo de 1995 se alcanzó un nuevo entendimiento sobre la entrada a Estados Unidos de los “balseros” detenidos en la Base Naval de Guantánamo y el compromiso norteamericano de no permitir la inmigración ilegal de cubanos a su territorio. Aunque el lenguaje oficial norteamericano cambio en algo y se empezó a calificar a estas personas como “inmigrantes ilegales” no varió la vigencia y aplicación de la “Ley de Ajuste Cubano” porque el Gobierno norteamericano adoptó la llamada política de “pies secos, pies mojados”

 

Durante los meses siguientes la Administración estuvo sometida a presiones de partes contrapuestas del espectro político norteamericano con respecto a la política hacia Cuba, pero sin que hubiese definición en uno u otro sentido. Un elemento importante en esta indecisión fue la derrota sufrida por el Partido Demócrata en las elecciones congresionales de mitad de mandato presidencial en noviembre de 1994 cuando el Partido gobernante  perdió el control de ambas Cámaras del Congreso federal.

 

En 1995, el senador Jesse Helms, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y su contraparte en la Cámara, el congresista Dan Burton, a instancias del lobby anticubano encabezado por la Fundación Nacional Cubano Americana, elaboran el proyecto de Ley por la Libertad de Cuba (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act), más conocido por la Ley Helms-Burton. La aplicación por los demócratas de la táctica legislativa del “filibusterismo” empantanó el proyecto de ley en el Congreso, por la oposición a las estipulaciones extraterritoriales contempladas en la misma que habían generado el rechazo de la Unión Europea y Canadá, entre otros aliados de Estados Unidos.

 

Finalmente fue aprobada en marzo de 1996, aprovechando la situación creada cuando la Fuerza Aérea cubana derribó sobre aguas territoriales cubanas dos aviones operados por terroristas cubanos que se dedicaban a realizar provocaciones sobre territorio cubano. (A pesar de las reiteradas advertencias hechas por el Gobierno cubano a las autoridades norteamericanas, nada hicieron estas para poner fin a las acciones subversivas, hasta que se produjo el fatal desenlace). El gobierno de Estados Unidos y los medios de difusión transnacionales, que actúan en la práctica como sus voceros, desenlazaron una campaña de histeria anticubana para tratar de encubrir su complicidad con los provocadores terroristas. Aunque Clinton dudaba en firmar o no dicha ley, también se plegó a las presiones de los conservadores y del lobby anticubano y la firmó.

 

A partir de marzo de 1996 las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se tornaron álgidas y se postergó cualquier posible iniciativa con vistas a relajar las tensiones existentes. La situación se complicó aún más cuando entre abril y septiembre de 1997 elementos de la mafia anticubana en Estados Unidos vinculados con la Fundación Nacional Cubano Americana organizaron una campaña de atentados terroristas contra instalaciones turísticas en Varadero y La Habana, en una de los cuales  perdió la vida el joven italiano Fabio Di Celmo. La efectiva actuación de las autoridades cubanas permitió la rápida detención de un ciudadano salvadoreño ejecutor de los atentados contra los hoteles Copacabana, Chateau Miramar y Tritón y el restaurante La Bodeguita del Medio.

 

Años después, en un documento público leído el 20 de mayo de 2005 y que titulara “La conducta diferente”, Fidel Castro dio a conocer importantes aspectos de los contactos que esta situación provocó entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.

 

Explica Fidel en ese documento que el 1º. de octubre de ese año, el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana comunica telefónicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que tenían información desde terceros países de que podrían suceder actos terroristas contra instalaciones turísticas en la Habana en ese día o al siguiente. (Nótese que esto se produce semanas después de que Cuba había capturado a uno de los terroristas, ya que nunca antes Estados Unidos entregó a Cuba información sobre estos planes que se venían desarrollando desde hacía meses). Como la información fue verídica aunque no se produjeron los atentados, así se informó posteriormente a la representación norteamericana. Un poco más de cinco meses después, el 7 de marzo de 1998, nuevamente la representación de Estados Unidos en La Habana comunicó sobre posibles explosiones en Cuba ese día o al siguiente. Se le respondió a la parte norteamericana que la información era cierta pero que los complotados (tres guatemaltecos) habían sido arrestados por las autoridades cubanas.

 

Teniendo en cuenta esos antecedentes y la posibilidad de un próximo encuentro del escritor García Márquez con el presidente Clinton en Estados Unidos, Fidel Castro le escribe una carta al mandatario norteamericano donde en esencia le daba elementos sobre la información en manos de Cuba, incluyendo la vinculación de la Fundación Nacional Cubano Americana con los preparativos y acciones terroristas. Aunque García Márquez no logró ver a Clinton, sí se reunió con altos funcionarios de la Casa Blanca y le hizo llegar al presidente norteamericano la carta de Fidel.

 

Lo interesante de este caso es que finalmente el 16 y 17 de junio de 1998 un representación del FBI se reunió en La Habana con especialistas cubanos y se les entregó abundante documentación sobre las acciones terroristas, datos sobre Luis Posada Carriles que permitían su ubicación y pruebas de la participación de la Fundación Nacional Cubano Americana en la mayor parte de esas acciones.

 

A pesar de todos los elementos aportados por Cuba y la disposición expresa a trabajar conjuntamente contra estas acciones terroristas que amenazaban tanto a cubanos como norteamericanos, la única respuesta de Estados Unidos fue el arresto el 12 de septiembre de 1998, en Miami, de los Cinco Héroes cubanos luchadores antiterroristas, quienes aún cumplen largas e injustas condenas en Estados Unidos, mientras que los terroristas comprobados circulan libremente por las calles norteamericanas y sus mentores de la  Fundación siguen gozando del apoyo de las autoridades norteamericanas.

 

Es importante notar que sobre estos hechos y los que narramos a continuación, el FBI contaba con una denuncia del empresario guatemalteco Antonio Jorge Álvarez acerca de los planes de asesinar a Fidel y de otros atentados en las cuales estaban vinculados Posada Carriles y un grupo de personas que trabajaban en la fábrica de Álvarez. En declaraciones al New York Times, Posada Carriles se jactaba de que posiblemente el FBI no  había investigado la denuncia debido a las relaciones que él (Posada) mantenía con el oficial del FBI encargado de investigar el asunto.

 

Igual actitud cómplice mantuvo el gobierno de Estados Unidos con relación a los planes de asesinar a Fidel Castro, primero cuando la Cumbre Iberoamericana celebrada en isla Margarita en Venezuela en 1997, y después, en el 2000, durante la siguiente Cumbre en Panamá. En el primer caso, aunque el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos capturó a los complotados con las manos en la masa en una embarcación propiedad de un cabecilla de la Fundación, con un arma registrada a nombre del presidente de dicha entidad  y que expresaron su propósito de cometer el magnicidio, nada hicieron las autoridades y los encartados fueron posteriormente exonerados  por los tribunales norteamericanos.

 

En el conocido caso del plan de atentado contra el Comandante en Jefe cubano durante la Cumbre de Panamá en el 2000, tampoco las autoridades norteamericanas ayudaron en nada a condenar a los complotados. Por el contrario, cuando años después fueron amnistiados por la saliente presidenta panmeña, Mireya Moscoso, como último y abyecto acto de su mandato, la Casa Blanca, ocupada ya por George W. Bush, mantuvo un silencio cómplice y encubridor sobre la ilegal presencia de Posada Carriles en Estados Unidos,  nuevamente con el apoyo de la Fundación.   

 

Años después, uno de los propios mafiosos de la Fundación, enredado en un litigio con sus compinches por cuestiones de dinero, hizo detalladas declaraciones públicas sobre estas y otras acciones que organizó la Fundación.

 

Una cuestión a destacar sobre estas actividades es que mientras las mismas se llevaban a cabo, las autoridades norteamericanos daban su respaldo a la Fundación en  su trabajo de cabildeo para destruir a la Revolución Cubana.

 

Pienso que no se requieren más elementos para probar el vergonzoso maridaje entre la Casa Blanca (sea quien sea su ocupante principal), los órganos de seguridad de Estados Unidos (FBI, CIA o Departamento de Seguridad del Territorio Nacional), la Fundación Nacional Cubano Americana y los terroristas que tienen como principales cabecillas a Posada Carriles y a Orlando Bosch.

              

A partir de enero de 1998, Bill Clinton tuvo que librar una fuerte batalla por su sobrevivencia cuando fue revelada su aventura sexual con Monica Lewinsky. En diciembre de ese año la Cámara de Representantes (bajo control del Partido Republicano) votó por someterlo a juicio y sólo se libró de lo que hubiese sido el fin de su mandato presidencial cuando el Senado voto contra esa decisión por el margen de un voto. Muchos analistas han considerado que los bombardeos lanzados contra Iraq, del 16 al 19 de diciembre de 1998, y la guerra contra Yugoslavia desatada por Estados Unidos en complicidad con la OTAN hasta julio de 1999 tuvieron como objetivo apuntalar la menguada autoridad y prestigio político de Clinton en los círculos de poder norteamericanos y ante sus aliados, a lo cual ayudó también una determinada reanimación de la economía norteamericana.

 

El último y más trascendental episodio en las relaciones de Estados Unidos con Cuba durante los mandatos de Clinton fue la batalla por el regreso del niño Elián González a Cuba, librada desde fines de noviembre de 1998.

 

En nuestra opinión fueron dos los elementos que forzaron al gobierno y a las autoridades judiciales de Estados Unidos a permitir el regreso de Elián a Cuba. Uno, el sólido apoyo dado por el pueblo y el gobierno de Cuba a  la indoblegable lucha de su padre Juan Miguel y de sus familiares  por la reintegración de su hijo al seno familiar. Otro, la opinión de la población norteamericana abrumadoramente a favor de que Elián retornase a Cuba.

 

Fue un bello episodio de solidaridad entre cubanos y norteamericanos y sentó las bases de una importante etapa de la Revolución Cubana: la Batalla de Ideas. Al final, la Administración y los tribunales norteamericanos, después de someter a las más difíciles pruebas tanto a  Elián como a sus padres y demás familiares en Cuba, debieron rendirse ante el persistente reclamo y permitir el 28 de junio de 2000 el  regreso de Elián, aun cuando para ello tuvieron que enfrentarse a los elementos mafiosos anticubanos en Miami, de cuyas manos fue rescatado por las autoridades el 22 de abril de ese mismo año.

 

Ya en las postrimerías de su gestión presidencial, Clinton pretendió cubrirse con una capa “liberal” y anunció en enero de 1999 una serie de medidas para supuestamente promover los contactos pueblo a pueblo entre ambos países. Reacción tardía, insuficiente y engañosa porque en nada variaba el objetivo de desestabilizar la sociedad cubana que está en la base de la política del Gobierno norteamericano y refrendado en las leyes Torricelli y Helms-Burton.

 

 

La presidencia fanática de George W.

 

Y así llegamos a los dos mandatos presidenciales de George W. Bush, quizás el más inepto de los presidentes que ha tenido la nación norteña. Una combinación de triquiñuelas electorales y de timorata actuación política por parte de los círculos de poder norteamericanos permitió que las riendas del gobierno fuesen a manos de una verdadera camarilla que se impuso mediante el fraude electoral.

 

La historia es bien reciente y no merece ser recontada. George W. Bush se propuso borrar del mapa la Revolución Cubana. No oculta que sus intenciones son las de “cambiar el régimen” y restablecer  el sistema de explotación y dominación instituido por Estados Unidos en Cuba por más de medio siglo.

 

No hay que ir lejos para conocer cuales son sus propósito. Están claramente expresados en la historia de la llamada “Comisión para Ayudar a una Cuba Libre” creada el 5 de diciembre de 2003 para, según las palabras de George W. Bush,  en octubre de ese mismo año, “hacer planes para el día feliz en que el régimen de Castro no exista y la democracia llegue a la Isla”.  En ella está representado prácticamente todo el gobierno de Estados Unidos: los departamentos de Estado, Tesoro, Justicia, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Transporte, Energía, Educación, Asuntos de Veteranos y Seguridad del Territorio Nacional, así como la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia de Protección Ambiental, la Oficina de Administración y Presupuesto, el Representante de Estados Unidos para el Comercio y la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas.

 

La Comisión ofreció su primer informe al Presidente en mayo de 2004, quien anunció su aprobación el 6 de ese mes. Según el análisis de dicho Informe (más conocido como Plan Bush I), hecho por el Grupo de Estudio de Cuba de Santa Cruz, organización dedicada a abogar por el fin del bloqueo, la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el respeto a la soberanía cubana, “la intención descarnada del Informe es poner fin al gobierno socialista de Cuba e imponer un estado capitalista y un sistema electoral basado en el modelo bipartidista de Estados Unidos”.

 

De acuerdo con el Grupo de Santa Cruz, el Informe  proponía actuar en seis áreas: promover la “disidencia”; intensificar las transmisiones radiales y televisivas ilegales a Cuba; estrangular la economía cubana; propagandizar la supuesta amenaza militar de Cuba; incrementar las campañas internacionales para desprestigiar al gobierno de Cuba y, eventualmente, la ocupación del país.

 

Estas recomendaciones estaban en consonancia con las declaraciones del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba desde antes de la aparición del susodicho Informe. Como pruebas de ella está la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo y la velada amenaza de ataque militar lanzada por Bush en su discurso del 20 de septiembre de 2001 cuando advirtió que toda nación debía escoger entre estar con Estados Unidos o estar con los terroristas.

 

Meses después, en mayo del 2002, el Vicesecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional declaró durante conferencia en el tanque pensante conservador Heritage Foundation que “más allá del eje del mal, hay estados canallas  intentando adquirir armas de destrucción masiva -- particularmente armas biológicas –– a saber, Cuba”. En abril del 2003 el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld dejó abierta la posibilidad de una agresión militar contra Cuba si “desarrollase armas de destrucción masiva”. Días después, el embajador norteamericano en República Dominicana siguió en la misma pauta al declarar que “lo que pasa en Iraq … es un buen ejemplo para Cuba”.

 

El tema de las drogas ha sido parte de la propaganda norteamericana contra Cuba y a pesar de que la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos reconoce el papel positivo que juega Cuba en el enfrentamiento al narcotráfico, el Departamento de Estado insiste en afirmar en sus informes anuales que Cuba no colabora en esos esfuerzos, cuando lo cierto es que dicho departamento, siguiendo la política oficial norteamericana, prohíbe a la DEA y al Servicio de Fronteras e Inmigración establecer acuerdos de colaboración con Cuba  y los limita a una colaboración eventual o casuística.

 

También utilizan el tema migratorio como posible pretexto para una acción militar contra Cuba; en mayo de 2003, el Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos dio a conocer que Cuba había sido oficialmente advertida por el Gobierno norteamericano que una nueva ola de inmigrantes cubanos sería considerada “un acto de guerra”.

 

Los anteriores y muchos otros ejemplos que pudieran citarse apuntan a que la Administración de George W. Bush movía sus recursos en la dirección propuesta en el Plan Bush I y da muestras de querer desarrollar contra Cuba una invasión similar a la que condujo contra Iraq.

 

El 1º de julio de 2006, la Comisión parió un segundo informe, el Plan Bush II. Como ya la euforia por la invasión y ocupación de Iraq estaba pasando y no había ambiente para nuevas aventuras militares, el lenguaje de este nuevo informe varió en algo  para poner énfasis en la supuesta ayuda a un eventual gobierno de transición en Cuba que solicitase la ayuda de Estados Unidos. Por supuesto, se mantenía todo el entramado agresivo y hostil hacia Cuba, se insistía en el propósito de liquidar al gobierno de Cuba y al proceso revolucionario  y se daba entender de manera a veces no muy sutil  el propósito de ocupar militarmente el territorio nacional cubano.

 

Ya la Administración Bush está llegando a su etapa final, obteniendo los más bajos índices de aceptación de su gestión entre la población de Estados Unidos. Desde las elecciones de mitad de mandato de 2006, que constituyeron un desastre electoral para el Partido Republicano comenzó anticipadamente la lucha entre los grupos políticos por la silla presidencial de la Casa Blanca. Ningún candidato descuella entre casi una veintena de de aspirantes y hasta ahora las perspectivas de una reconsideración de la actual política hacia Cuba parece estar por encima de la visión y audacia de los contendientes.

 

 

¿Y ahora qué?

 

Han transcurrido 30 años desde el establecimiento de las Secciones de Intereses y hemos dado una vuelta en espiral. Aparentemente estamos en el punto de partida, lo único que en un nivel superior. Cuba consolida el socialismo en medio de la Batalla de Ideas, a pesar de limitaciones, estrecheces  y errores; ha resistido treinta años más la hostilidad y el bloqueo norteamericano;  pasamos con banderas desplegadas la prueba de fuego de la desintegración del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética; el internacionalismo cubano ha visto con satisfacción el fin del apartheid en Sudáfrica, el cese de la dominación segregacionista en Namibia y la conclusión de la guerra fraticida en Angola promovida por los racistas sudafricanos y los imperialistas norteamericanos; nuevas fuerzas populares acceden al poder en América Latina, desplazan a los tradicionales políticos reaccionarios y se fortalecen las tendencias hacia la integración de América Latina y el Caribe; se expanden las relaciones internacionales de Cuba y la ayuda solidaria a otros pueblos en los campos de la salud y la educación presenta resultados que constituyen asombro para la comunidad internacional.

 

Mientras tanto, en Estados Unidos se extiende a cada vez  más amplios sectores la verdad de Cuba y se incrementan las presiones por un cambio de la política hacia Cuba sin condicionamientos y con respeto a la independencia y la soberanía cubanas. El Gobierno norteamericano esta cada vez más aislado en su política hacia Cuba. El todopoderoso imperio norteamericano ve como se agotan día tras día sus posibilidades y mecanismos de dominación.

 

 

Consideraciones finales

 

Primera: Aunque no han cumplido el objetivo para el cual fueron creadas (ser un instrumento clave para lograr la normalización de las relaciones gubernamentales entre Cuba y Estados Unidos), las Secciones de Intereses han sido un mecanismo eficaz para mantener abierto el diálogo a nivel diplomático y evitar que los conflictos y contradicciones surgidos pasen a males mayores.

 

Segunda: Salvo el propósito expreso de Henry Kissinger (la iniciativa de entablar conversaciones directas con Cuba fue más de él que de Nixon o de Ford) y de Jimmy Carter de avanzar en un proceso hacia la normalización de relaciones con el Gobierno Revolucionario de Cuba, todas las Administraciones posteriores, con distintos matices, se han propuesto cambiar el gobierno cubano y liquidar la Revolución como requisito previo a la normalización de relaciones con Cuba. Esa política ha sido formalizada en las leyes Torricelli y Helms-Burton y en los “planes Bush I y II”.

 

Tercera: La mafia anticubana que tiene su sede en Miami y su principal representación pública en la llamada Fundación Nacional Cubano Americana (aupada y apoyada por los gobiernos de Estados Unidos a partir de 1981) es el principal grupo de cabildeo de la política anticubana en Estados Unidos y probadamente el cerebro director de los planes de asesinar a Fidel Castro en 1997 y en el 2000, de las bombas hechas explotar en instalaciones turísticas de Cuba y de otras acciones subversivas en las últimas dos décadas.

 

Cuarta: Están comprobados también los vínculos de la Casa Blanca, de la CIA y del FBI, bajo todas las Administraciones a partir de Reagan, con las actividades subversivas políticas y terroristas desarrolladas a través de la FNCA.

 

Quinta: Las líneas principales de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba han sido rechazadas por la comunidad internacional. El bloqueo político, económico y comercial impuesto contra Cuba por Estados Unidos desde 1961 es rechazado sistemáticamente por virtual unanimidad (salvo por el voto en contra de Estados Unidos, Israel y uno que otro gobierno)  por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas y, a partir de la constitución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también ha sido rechazada la pretensión de Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea de condenar la situación de los derechos humanos en Cuba.

 

Sexta: También ha fracasado la política norteamericana de intentar aislar a Cuba en el ámbito político y diplomático mundial. Cuba mantiene relaciones diplomáticas activas con  180 países. En América Latina y el Caribe, principal área de influencia geopolítica norteamericana, sólo los gobiernos de El Salvador y Costa Rica no mantienen relaciones diplomáticas con Cuba. Con el segundo, existen activas relaciones consulares y hasta en la OEA se comienza a discutir insistentemente la conveniencia de entablar un diálogo con el Gobierno Revolucionario de Cuba, cuestión en la cual el gobierno de Cuba no parece tener particular interés.

 

Séptima: El gobierno de Cuba ha mantenido inalterable su disposición de  entablar negociaciones para la normalización de relaciones con Estados Unidos, siempre que esa negociación se realice sin condiciones  previas y en situación de absoluto respeto a la soberanía, la independencia, la integridad territorial y de acatamiento al sistema social, económico y político que el pueblo de Cuba ha decidido establecer.

 

Octava: Los hechos demuestran que en la población norteamericana hay un criterio mayoritario a favor del cambio de la política oficial hacia Cuba, no sólo entre los grupos de izquierda, progresistas, pacifistas o neoliberales, sino especialmente en los últimos años entre los sectores religioso,  académico, empresarial, entre los intelectuales y artistas y en importantes medios de difusión masiva. El gobierno de Cuba ha favorecido siempre esos intercambios sin cortapisas, a diferencia del de Estados Unidos que intentó en determinado momento usar la carta de los contactos de pueblo a pueblo, para después y con rapidez aplicar la retranca y dictar regulaciones para dificultar todos los contactos entre los pueblos, en una dirección y en la otra.

 

Novena: A pesar de la campaña mediática que en Estados Unidos trata de presentar el microclima miamense anticubano como expresión de la posición de los cubanos emigrados en Estados Unidos a favor de una política agresiva contra Cuba, los hechos demuestran que una amplia mayoría de esos emigrados (aunque no estén a favor del sistema socialista en Cuba) desea mantener una relación de  normalidad con su país de origen y con sus familiares y amigos en Cuba. Tan es así que el gobierno de Estados Unidos ha puesto en vigor regulaciones que limitan hasta de manera cruel los contactos y relaciones entre los cubanos residentes a uno y otro lado del Estrecho de la Florida.

 

Y para no hacer muy extensas estas consideraciones, abordamos en un último punto las perspectivas de las relaciones bilaterales:

 

Décima: La debilitada presidencia de George Bush poco o nada puede hacer en cuanto a la política hacia Cuba. Impensable resulta un acercamiento de esta Administración a Cuba, como impensable es también la posibilidad de que desate una agresión militar contra Cuba, para la cual siempre - y aún ahora- los cubanos tenemos que estar preparados, por si acaso, dados los antecedentes belicistas del ocupante de la Casa Blanca.  De las declaraciones hechas hasta ahora por los aspirantes conocidos a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2008. ninguna de ellas (incluso la del senador Obama) se aparta de condicionar el futuro de las relaciones a un cambio en la actual organización de la sociedad cubana. Si no aparece algún cambio en el pensamiento de estos políticos en los próximos quince meses, poco podemos esperar los cubanos de la visión política de los dirigentes norteamericanos, salvo seguir ocupados en el desarrollo de nuestro socialismo y en el enfrentamiento a la hostilidad norteamericana.  

 

  

 

Ramón Sánchez-Parodi Montoto fue jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos desde su establecimiento el 1º de septiembre de 1977 hasta el 30 de abril de 1989. Posteriormente ocupó el cargo de Viceministro de Relaciones Exteriores atendiendo el área de América del Norte y América Latina y el Caribe entre 1989 y 1994, cuando paso a  fungir como Embajador de Cuba en Brasil hasta el 20 de abril de 2000.