Entre la utopía y la realpolitik                                                               Pablo Stefanoni

 

Debido a un decreto presidencial, las elecciones se realizarán el 18-12-05 (originalmente iban a ser celebradas el 4-12-05). ¿Cómo es la situación boliviana a un mes de la elección del nuevo Presidente? ¿Podrá Evo Morales imponerse a los intereses de la derecha y a la “imagen negativa” que muchos bolivianos tienen de él? 


“Ustedes me metieron en esto, ahora ayúdenme a conseguir una victoria popular contundente en las elecciones de diciembre… Quiero ser Presidente para darle poder al pueblo y para eso debemos ganar con el 50% más uno”, les dice Evo Morales a sus bases cocaleras del Chapare, un disciplinado “ejército campesino” que, a pesar de la lluvia y los derrumbes en varios puntos de la carretera troncal que atraviesa esta región del trópico cochabambino, está ahí para empujar lo que hace algunos años hubiera caído en el desacreditado baúl de las utopías pero que hoy aparece como una posibilidad cierta: que un campesino, indígena y cocalero (identidad fuertemente criminalizada desde Washington), que se refiere a Hugo Chávez y Fidel Castro como “comandantes de las fuerzas libertarias del continente”, ingrese por la puerta grande al Palacio Quemado y ponga fin a más de 500 años de exclusión, discriminación y opresión contra los pueblos indígenas en el país (1).
En su discurso (pronunciado el 29-10-05), Morales rememoró la construcción del “instrumento político de los pobres” fundado en 1995, que luego utilizaría el nombre Movimiento al Socialismo (MAS) como sigla electoral. Desde esa fecha, esta federación de movimientos sociales y sindicales –alejada de las estructuras partidarias clásicas de la izquierda– pasó de porcentajes electorales inferiores al 5% a transformarse en la principal fuerza política del país, ayudada por el desprestigio de los partidos tradicionales y la crisis del modelo económico (neoliberal) aplicado desde 1985. La candidatura de Morales para estos comicios fue potenciada por el “desinfle” de la de otro líder indígena: Felipe Quispe, quien suma menos del 2% en las encuestas, y el prematuro fracaso del líder de la otrora “poderosa” Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, para encabezar su propio binomio, con una supuesta identificación clasista. Se dio así la paradoja actual: que la izquierda vaya unida
 y la derecha dividida, lo que ya habría activado presiones de grupos de poder –¿incluida la embajada estadounidense?– para que algunos candidatos sin posibilidades, pero que pueden debilitar a Quiroga, desistan de sus postulaciones.
“De ‘partido’ cocalero pasamos a ser una fuerza nacional, ahora tenemos la gran oportunidad de gobernar nuestro país, de gobernarnos a nosotros mismos”, dice “el Evo” ante una concentración de 20.000 personas que derivará luego en fiesta popular en un lugar no exento de simbolismo: Chimoré, localidad que alberga un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) encargada de la erradicación de cultivos de coca con apoyo de la DEA estadounidense. No obstante, el avance hacia la “revolución democrática descolonizadora” será un sendero difícil, en el que los bloqueadores ya no serán campesinos calzando las tradicionales abarcas sino sectores elitarios caracterizados hace décadas por el escritor Sergio Almaraz como quienes “viven de un país al que en realidad desprecian”.

Polarización

Luego de varias semanas de incertidumbre, el decreto presidencial del martes 1 de noviembre pasado quitó las piedras en el camino que obstaculizaban el proceso electoral de diciembre (2). Estos comicios son percibidos por una amplia mayoría de los bolivianos como la única vía para resolver, en el marco del sistema democrático, el “empate catastrófico” entre las fuerzas progresistas y conservadoras que vive esta nación andino-amazónica desde la “guerra del gas”, en octubre de 2003. En esa ocasión fue expulsado del poder el representante paradigmático de las “reformas estructurales” y la extranjerización de la economía: el empresario minero Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada. “Goni” fue sucedido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien no logró sostenerse en el precario equilibrio que intentó entre las empresas petroleras y los movimientos sociales movilizados en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos, abriendo paso a un proceso de elecciones anticipadas que deberá ac
 tualizar la relación de fuerzas políticas en el país.
Pese al vigor de las protestas populares de los últimos meses y años, la derecha está debilitada pero no vencida. En tres de las encuestas recientes, el candidato del MAS aventaja al postulante conservador y ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga; la restante dibuja un empate técnico entre ambos (3), en un escenario de polarización que amenaza con mantener en un irreversible tercer lugar al empresario del cemento Samuel Doria Medina (de Unidad Nacional), que busca ocupar el centro político frente al antagonismo entre derecha e izquierda.
Quiroga –hasta hace algún tiempo una suerte de candidato “natural” a la presidencia– tuvo su primer traspié al momento de conformar sus listas de diputados y senadores, percibidas como una “aspiradora” que atrajo a devaluados políticos tradicionales, conocidos en Bolivia como “tránsfugas” (por el cambio de tienda política motivado por intereses personales, en este caso la supervivencia ante la pulverización de sus partidos). Sin embargo, la candidatura del ex mandatario conservador –que curiosamente utiliza una estrella roja de cinco puntas como símbolo– condensa el voto “anti-Evo” y “anti-bloqueos”, no solamente de las élites reacias a perder el poder que disfrutan desde la fundación de la República sino de sectores medios, e incluso populares, que recelan de la posibilidad de que un indígena “iletrado” reciba la banda y el bastón de mando. Otros temen que se corte la ayuda proveniente de la cooperación internacional; recursos que, con un Tesoro raquítico, resultan vitales para la estabilidad económica del país.
En esta coyuntura, los desafíos del MAS no son pocos: en primer lugar ganar las elecciones, y en segundo término, garantizar la gobernabilidad. Según los sondeos mencionados, la mayoría de los senadores responderán a la derecha y es posible que el partido de Evo Morales no consiga ninguno de los nueve prefectos (gobernadores) que, por primera vez, se elegirán mediante voto ciudadano (la única chance se limita, al parecer, al departamento de Oruro).
Este no es un dato menor. Como advierte el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Romero, “quien controle el poder político desde las regiones, con demandas autonómicas en varias de ellas, puede inviabilizar la gestión del gobierno central, especialmente si gana el MAS, implementando una suerte de cerco regionalista sobre el poder central”. Romero ni siquiera descarta escenarios de conspiración violenta, como la desarrollada en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez debió enfrentar desde sus inicios la resistencia de las estructuras estatales federales y oligárquicas (4).
Como se vio durante las últimas crisis, agrupaciones radicales como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) actúan como grupos de choque de sectores autonomistas como el Comité Cívico, considerado el “gobierno moral” de los cruceños y con fuerte influencia empresarial, incluida la de empresas transnacionales que conforman indirectamente su estructura. Para los “jóvenes cruceñistas” –que en junio pasado golpearon a indígenas que pretendieron marchar hacia el centro de la ciudad de Santa Cruz– Evo Morales es un blanco permanente: “Exigimos respeto a nuestra región. A Evo le digo que esta tierra no lo quiere, que no venga, que nos deje trabajar tranquilos y no nos bloquee más como departamento”, dijo recientemente en TV el dirigente de la UJC, Wilberto Zurita, mientras, junto con un grupo de militantes, bloqueaba al líder del MAS en su hotel. Otros grupos minoritarios, como la secesionista Nación Camba, dotan a la demanda regional de argumentos políticos e “históricos” que la justifiquen, en un contexto en el que Santa Cruz aparece como la última trinchera del modelo de libre mercado cuestionado a nivel nacional y donde los políticos tradicionales aún tienen cartas que jugar.
“Cuando la democracia sirve para posicionar a las elites se transforma en ideología dominante, pero cuando es apropiada por los sectores populares e indígenas comienzan a verse actitudes antidemocráticas entre estas mismas elites –rechazo a las elecciones, a la Asamblea Constituyente, regionalismo, etcétera–… Y tal ha sido la apropiación popular de la democracia en Bolivia, que las elites se volcaron a posiciones conspirativas que antes eran atribuidas a una izquierda que carecía de suficiente influencia en la sociedad para ganar las elecciones”, dice el candidato vicepresidencial del MAS, Álvaro García Linera, que pasó cinco años en la cárcel por haber acompañado al líder aymara Felipe Quispe en la constitución del Ejército Guerrillero Tupak Katari, cuyo objetivo fue impulsar la “guerra de las comunidades”, y hoy es el puente político e intelectual entre indígenas y clases medias urbanas.

Salida pactada

El programa de gobierno masista –sintetizado en el eslogan “Bolivia digna, soberana y productiva. Para vivir bien”– plantea una suerte de “nuevo nacionalismo” vinculado a las demandas de los movimientos sociales (5). Se trata de un programa de modernización en los marcos del capitalismo, que tiene como sustrato una lectura previa de García Linera: que las estructuras productivas comunitarias están en un proceso de erosión, lo que, junto al fuerte retroceso, material y simbólico, de la vieja clase obrera, tiende a fortalecer las economías familiares como espacios de reproducción económica y como estructuras de movilización social, y saca al socialismo –tanto “comunitario”, como de raíz marxista– de la agenda, al menos de la de corto o mediano plazo: “Debemos admitir que Bolivia será capitalista en los próximos 50 o 100 años”, señaló el candidato y sociólogo en algunas entrevistas recientes (6).
La propuesta de gobierno del MAS plantea la “nacionalización efectiva de los hidrocarburos” –subordinando la inversión extranjera a una nueva matriz productiva que “asegure el desarrollo nacional” y la industrialización del gas en territorio boliviano– y, paralelamente, alienta la implementación de políticas de desarrollo de la economía tradicional que habilite un proceso de articulación “no brutal” de las tres plataformas económico-productivas que conviven en Bolivia: la moderna (industrial), la familiar y la comunitaria, en una perspectiva de “shock productivo”.
Este programa se enmarca en lo que García Linera define como “una salida pactada en la redistribución del poder en el país, que incorpore gobernabilidad social y parlamentaria… e incluya mecanismos de articulación para que los intereses de los derrotados sean, en parte, reconocidos por los victoriosos” (7). Según los guarismos que arrojan las encuestas, se abre un mapa político complejo y potencialmente conflictivo: de acuerdo a la Constitución vigente, si ningún candidato llega al 50% más uno de los votos –lo cual parece la alternativa más probable– es el Congreso el encargado de elegir al jefe de Estado entre los dos binomios más votados. Desde 1985, este procedimiento habilitaba acuerdos de conveniencia que bautizaron a la democracia boliviana como la “democracia” pactada. Hoy esas prácticas padecen un profundo rechazo ciudadano.                                                                                                                                                  Quiroga ha pedido el respeto a la primera minoría –o un referéndum para que los bolivianos decidan a quién llevar al sillón presidencial– en tanto que Morales aún no ha tomado una posición definitiva, aunque muchos consideran que si el MAS es el ganador –aun sin la mitad más uno– el actual ciclo de ascenso plebeyo inviabilizaría una alianza entre el segundo y el tercero para bloquear un “gobierno popular”. El fantasma de la prematura y cruenta caída de Sánchez de Lozada está ahí para alertar acerca de los peligrosos juegos en el interior del Palacio y del poder real con el que cuenta la calle.



Notas

1 De acuerdo al censo poblacional de 2001, el 62% de los bolivianos se identifican como indígenas, principalmente quechuas y aymaras. En El Alto, este guarismo se eleva al 82%.                                                                                                                              2 La “guerra de los escaños” se desató luego de un fallo del Tribunal Constitucional que instruía al Parlamento a distribuir los escaños entre las regiones, de acuerdo al censo poblacional de 2001. Después de varias idas y vueltas, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé dictó un decreto que le asignó tres bancas adicionales a Santa Cruz de la Sierra y una a Cochabamba, en detrimento de La Paz (que perdió dos), Oruro (1) y Potosí (1). Además, establece que los comicios se realizarán el 18 de diciembre (originalmente estaban previstos para el 4), sin afectar la fecha de transmisión del mando (23 de enero de 2006).
3 Según el sondeo realizado por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado y publicado por el matutino La Razón (La Paz, 18-9-05), Evo Morales está primero con el 28%, frente al 22% de Quiroga. Otra medición realizada casi en el mismo intervalo de tiempo por Encuestas & Estudios, publicada por el diario La Prensa (La Paz, 22-9-05), le asigna al binomio del MAS el 26,1%, contra el 22,6% de Quiroga. Según una tercera encuesta, confeccionada por Equipos Mori, el MAS le ganaría a Podemos por 33% a 27%, en tanto que una cuarta medición –realizada por la empresa Ipsos-Captura y difundida por la cadena de medios Usted Elige– ubica al candidato de la derecha con el 29,2% frente al 28,3% del líder cocalero (una diferencia inferior al margen de error de la encuesta). El fuerte de Morales es el departamento de La Paz (que incluye a El Alto) donde podría superar el 40% de los votos.
4 Semanario Pulso, La Paz, Nº 320, 21 al 27-10-05.
5 Los otros dos candidatos han incorporado también la “nacionalización” en sus programas: Doria Medina dice en sus spots televisivos que “la fiesta para las petroleras se acabó” y propone recuperar las empresas capitalizadas (modalidad boliviana de privatización) a través de la “compra de acciones”, en tanto que Quiroga habla de “nacionalizar los beneficios de la actividad petrolera”. (La Razón, La Paz, 24-10-05).
6 Ver: quincenario El juguete rabioso, La Paz, Nº 138, 18-9 al 1-10-2005 y semanario Pulso, La Paz, Nº 311, 19 al 25-8-05.
7 La Prensa, La Paz, 8-11-05.

 

Pablo Stefanoni,  es periodista Le Monde Diplomatique-Edición Cono Sur.